VIVIENDA ASEQUIBLE

Buenos días. Me uno al saludo protocolar.

Agradezco la invitación de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, de su presidente Agustín Rojo, de su junta de directores y de sus miembros para dirigirme a ustedes y presentar parte del programa de gobierno del PNP en varias áreas que afectan el sector privado e industrial en la isla.

También quiero agradecer a la Asociación por formar parte de mi “Task Force” del Sector Privado y por apoyar la agenda legislativa que hemos impulsado en el Congreso por los pasados 7 años. Esta Asociación y sus miembros han sido parte integral de mi equipo de trabajo para potenciar el desarrollo económico de la Isla y para obtener los fondos federales que necesitamos para la reconstrucción después de los desastres naturales que devastaron nuestra infraestructura en el 2017 y en el 2020.

Hoy puedo decirles que cumplimos lo que nos propusimos. Logramos la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico para trabajar con la reconstrucción luego de los desastres naturales, mejorar el sistema eléctrico, traer mano de obra a Puerto Rico al incluir a la República Dominicana para visas de trabajo, entre otras cosas.

Pero aún queda trabajo por hacer.

Según el portal de transparencia del COR3, aunque casi el 92% de los fondos de recuperación que maneja esa agencia han sido obligados, solo 25% de estos fondos han sido desembolsados al 30 de septiembre de 2024.

De igual manera, conseguimos $19.5 billones en fondos federales para reconstruir nuestro sistema de energía y, al día de hoy, todavía tenemos un sistema frágil, ineficiente, caro y dañino a nuestro medio ambiente. No vemos la reconstrucción, no vemos los billones de fondos federales en cemento y varilla, no tenemos una red eléctrica más estable, confiable o resiliente. No vemos el desarrollo económico que vislumbramos resultaría de todos estos fondos federales. De hecho, esa es una de las principales razones por las que aspiré a la gobernación.

Es tiempo que dejemos de medir la reconstrucción en fondos obligados y comencemos a medirlo en obra terminada.

Pero no es gastar los fondos federales por gastarlos. Tenemos que usar estos fondos para apalancar un desarrollo económico sostenible, que no dependa exclusivamente en que ingresemos grandes cantidades de fondos federales en el futuro.

El gobierno tiene que crear las condiciones que permitan el fortalecimiento y empoderamiento del sector privado, compuesto por empresarios, profesionales, el sector manufacturero, el tercer sector y el cooperativista. Estos son los actores clave para asegurar la prosperidad económica de
nuestra isla.

El gobierno debe adoptar un rol de facilitador, eliminando regulaciones y procesos burocráticos innecesarios para que el sector privado pueda liderar el camino hacia un futuro económico sostenible. No creemos que el gobierno deba ser el único responsable del desarrollo económico de Puerto Rico; se
requiere un esfuerzo multisectorial que permita a nuestra gente promover la inversión en todas las áreas.

Nuestra primera prioridad para crear un clima de desarrollo económico es la reconstrucción de la red eléctrica.

Diganlo que digan algunos por ahí que quiere tergiversar los hechos, llevo desde el 2022públicamente denunciando mi inconformidad con LUMA y lo dije entonces y se lo repetí en la cara al presidente de LUMA en estos días que LUMA va pa’fuera. Y me voy a encargar, a través del zar de energía que voy a nombrar, de que esa cancelación se haga conforme a derecho y que tengamos uno o más operadores listos para hacer lo que LUMA no ha podido hacer hasta ahora. Operadores que podrían ser locales y que también podrían ser por regiones. Es bien fácil decir prometer, pero uno tiene que actuar con seriedad y tener presente lo que esas promesas le significan al bolsillo de la gente.

Igual de importante es trabajar con los permisos.

Uno de los hilos conductores del atraso de la reconstrucción —y que han sido un dolor de cabeza aun fuera del contexto de la reconstrucción— son los permisos. El proceso de permisos que tenemos retrasa significativamente el desarrollo de proyectos esenciales para nuestra Isla, también encarece la construcción.

Es fundamental que abordemos la transformación de este sistema, implementando medidas que faciliten el hacer negocios, asegurando un sistema que brinde certeza y sea una herramienta de un desarrollo económico ordenado, no que sea un obstáculo para quienes buscan invertir en Puerto Rico.

Propongo crear un sistema de permisos que sea claro y accesible, para que tanto ciudadanos como empresas no tengan que enfrentar complicaciones al intentar obtener las autorizaciones necesarias para sus proyectos.

  • Si se requiere un endoso de una agencia y esta no responde dentro del término dispuesto, se tiene que dar por no objetado y el trámite tiene que seguir su curso. Tenemos que responsabilizar a la agencia por su falta de diligencia y no debe ser el ciudadano el que pague por la ineficiencia del gobierno.
  • Debemos extender la vigencia de certificaciones y permisos, para reducir la frecuencia con que haya que renovarlos;
  • Podemos agilizar los trámites de los permisos, presumiendo la buena fe del que busca el permiso y de las certificaciones de los profesionales autorizados y, en vez, enfatizar la inspección y la auditoría de los permisos expedidos, imponiendo sanciones más severasquienes radiquen o certifiquen documentos falsos o fraudulentos y procesando legalmente a los que atenten.

En cuanto a los proyectos de reconstrucción con fondos federales, voy a eliminar el requisito de todo permiso de Puerto Rico que sea duplicativo de un permiso o endoso federal. Si ya se requiere un permiso de conservación histórico federal, ¿por qué necesitamos duplicar gastos y esfuerzos con un permiso de conservación histórico local? Si ya se requiere un proceso de impacto ambiental federal, ¿por qué necesitamos duplicar gastos y esfuerzos con un permiso de impacto ambiental local? Si no podemos llegar a acuerdos con las agencias federales para que acepten nuestros permisos o endosos, aceptaremos los de ellos.

También eliminaré todo requisito de permiso que pueda ser certificado por un profesional. Si un ingeniero, un arquitecto o agrimensor puede certificarme un plano, poniendo su título en juego de que el plano está conforme al código, ¿por qué necesito que alguien en una agencia lo revise, como si fuese la asignación de la escuela? Tenemos que presumir que estos profesionales son competentes y que se ganaron su título. Ahora de la misma manera que vamos a presumir eso, vamos a fiscalizar y a los que fallen los vamos a encauzar.

Esto permitirá que los esfuerzos de construcción y desarrollo se realicen de manera más eficiente, acelerando la reconstrucción y facilitando el establecer negocios en Puerto Rico.

Tercero, tenemos que construir la obra.

A diferencia de otros que vienen aquí hablarles hoy, yo no vengo a imponer moratorias en la construcción. Ni tampoco a decirte que no puedes desarrollar tus terrenos simplemente porque una parte del terreno se encuentra en la zona marítimo-terrestre. Ni tampoco a obligarle a nadie a desarrollar su negocio en un casco urbano cuando su modelo de negocio se desarrolla en un centro comercial fuera del casco urbano. Espero estén leyendo bien las plataformas de cada candidato y sepan lo que algunos están proponiendo que va en contra de sus intereses.

En lo que nos concierne aquí hoy, fomentar el desarrollo de nuevas unidades de vivienda asequible es crucial para la economía de nuestra Isla. Tenemos que crear las condiciones en Puerto Rico para que los jóvenes profesionales y las familias trabajadoras se queden en Puerto Rico y una parte importante de eso es que puedan tener su propio hogar.

Muchos de ustedes conocerán que tenemos varios programas en el Departamento de Vivienda con CDBG-DR para la construcción de vivienda asequible que deben resultar en casi 5,000 unidades nuevas. Es imperante que esos proyectos se aprueben ¡ya! Además de la reforma de permisos que mencioné, como Gobernadora si el pueblo me da su confianza, voy a trabajar con HUD para facilitar los trámites en Vivienda con estos fondos y voy a eliminar todo trámite en Vivienda que no sea estrictamente requerido por HUD. Tenemos que cortar la burocracia, poner esos fondos a correr en nuestra economía y darle un hogar a tantas familias que lo están buscando.

También trabajaré con los municipios para establecer programas de expropiación de estorbos públicos que los municipios puedan renovar y acondicionar para vendérselos a familias trabajadoras de bajos ingresos, en casos de residencias, o, en casos de locales comerciales, a microempresas o pequeños negocios. Ya varios municipios como el Municipio de San Juan y el Municipio de Bayamón tienen programas de esta índole y el Gobierno Central puede apoyar estos esfuerzos a través del Departamento de la Vivienda o de los programas de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda.
 
Nuestro programa de gobierno #AcciónPR busca resolverle a la gente, promoviendo agilidad para maximizar el uso de los fondos federales, de modo que resulte en el desarrollo una economía sostenible en la isla.

Tenemos una visión del Puerto Rico que queremos. Uno de oportunidades, con facilidad de hacer negocios, con un sistema energético efectivo, confiable y resiliente, utilizando la totalidad de los fondos federales disponibles para potenciar un desarrollo económico impulsado por el sector privado. 
 
Mi compromiso es claro: utilizar cada recurso disponible para impulsar el desarrollo social y económico de Puerto Rico, priorizando la colaboración entre el sector público y privado, incluyendo el tercer sector, asegurando que cada ciudadano vea y sienta el impacto positivo de nuestras iniciativas en sus vidas.

El tiempo me traiciona, pero los invito a que lean más sobre nuestras propuestas en pnppr.com/accionpr.

Muchas gracias y que Dios los bendiga.

Pregunta: El precio de venta final de una vivienda nueva se compone en un 30% de los costos de impuestos a la construcción. Ejemplo de esto son los arbitrios de construcción que rondan entre 5% a 10% del costo de la construcción, entre otros como exigencias de mejoras extramuros, cargos trámites de agencias, etc. Esto tiene un impacto directo en el precio y asequibilidad de vivienda en PR. Por ejemplo, una vivienda nueva de $300,000 podría venderse en $215,000 sin estos impuestos a la construcción. ¿Qué propone que podemos hacer para reducir estos costos?

Vamos a atacar el problema del alto costo de la vivienda desde varios ángulos.

Primero, los permisos. El retraso en obtener los permisos que necesitan para construir un proyecto de vivienda se traduce en un costo adicional real para el desarrollador que, en última instancia, se va a reflejar en el costo de la vivienda. Vamos a acortar el trámite de permisos:

  1. Aclarando el estado de derecho a través de planes de uso de terrenos y planes de ordenamiento territorial actualizados;
  2. Llevaremos a cabo una reingeniería de las operaciones y procesos relacionados al sistema de permisos en todas las agencias y municipios que expiden permisos. Esto incluye:
    • Establecer un límite de tiempo para las notificaciones de requisitos adicionales;
    • Garantizar la vigencia automática de permisos de construcción por 2 años y extender la vigencia de permisos de 24 a 36 meses;
    • Establecer por ley que las agencias que retengan la función de emitir endosos (ambientales, de infraestructura o de protección histórica) tienen que cumplir con los términos establecidos en ley para emitir sus comentarios o se dará el permiso por no objetado y se procederá con el trámite correspondiente.
    • Fomentar que las certificaciones las realicen Inspectores Autorizados o Profesionales Autorizados, para que las agencias concernidas se concentren en su rol de fiscalización y cumplimiento.
  3. Incorporar la tecnología para atender la cantidad de permisos que se requieren ser atendidos, cada vez con menos personal, incluyendo el uso de la inteligencia artificial para automatizar parte de la evaluación, validar documentos e información que provee el solicitante y a obtener información
    ya en posesión del gobierno.

Segundo, los materiales. Hay incrementos en costos de materiales, como la inflación que no podemos controlar, pero hay otros que sí. Por ejemplo, proponemos congelar el impuesto al inventario al nivel actual mientras estudiamos la mejor manera de eliminarlo—dentro de una reforma contributiva real y abarcadora. Al permitir que se incrementen los abastos de materiales en la Isla sin un incremento en el impuesto que se paga por tener estos abastos disponibles, no solo abaratamos los costos de los materiales, también aumentamos su disponibilidad lo que acelera el tiempo de construcción.

Tercero, ayudas al comprador. Bajo el Programa de Asistencia al Comprador del Departamento de Vivienda, los compradores pueden usar la subvención de entre $45,000 hasta $60,000 para subsidiar las tasas de interés y los montos principales de la hipoteca; pagar hasta el 100% del pago inicial requerido por la hipoteca; y pagar cualquier o todos los gastos razonables de cierre relacionados a la compra de la propiedad. El promedio de asistencia en los casi 11,500 casos cerrados ha sido de $39,000. Este programa ha dado un muy buen resultado y
debemos buscar fondos no usados de otros programas para redirigirlos a este tipo de esfuerzo.

Cuarto, la disponibilidad de vivienda. La escasez de vivienda aumenta los precios de la vivienda disponible. En mi alocución, hablé de nuestras propuestas para destrancar los proyectos que tenemos en Vivienda. También hablé de trabajar con los municipios para renovar y reacondicionar los estorbos públicos y, de ese modo, aumentar la cantidad de viviendas disponibles por un lado y ayudar las finanzas de los municipios por el otro.