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Un sistema de justicia estable que busca y se asegura de proteger la ciudadanía es esencial para el desarrollo de Puerto Rico. Queremos sincronizar nuestros esfuerzos para buscar, fijar y erradicar organizaciones criminales y desincentivar a Puerto Rico como punto de libre circulación para organizaciones narcotraficantes y las organizaciones transnacionales criminales.
Vamos a devolverle a nuestras familias el primer postulado de cualquier gobierno, ¡SEGURIDAD! Necesitamos devolverle el sentido de seguridad y justicia a nuestras comunidades, para facilitar el desarrollo comunitario, y a nuestros comerciantes, para estimular el desarrollo económico.
Estableceremos un plan de seguridad pública interagencial y sincronizado que llevará a que invirtamos en tecnología interoperacional, que modernicemos nuestros equipos y sistemas, y que nuestro personal esté bien adiestrado. La finalidad es que, en temas de seguridad, orden y justicia, actuemos proactivamente para prevenir el crimen en lugar de reaccionar a ello.
Maximizaremos los recursos con los que contamos e identificaremos recursos adicionales para proveerle a nuestros primeros respondedores las herramientas y los adiestramientos necesarios para cumplir con su misión y para compensarlos adecuadamente por los sacrificios que hacen por nuestra seguridad. Estos se merecen un salario y un retiro digno.
Facilitaremos la comunicación y entendimiento mutuo entre los agentes de la ley y los ciudadanos. Promoveremos iniciativas que fomenten un ambiente de respeto y colaboración, logrando que la comunidad no solo se sienta escuchada, sino que también esté dispuesta a trabajar mano a mano con la policía en la lucha contra el crimen. Un pueblo unido en confianza es la clave para un Puerto Rico más seguro.
Los acuerdos de colaboración con las agencias federales de ley y orden son una herramienta valiosa para combatir el crimen y, en especial el trasiego de drogas y de armas. También le proporcionan a nuestro personal de ley y orden con entrenamiento y experiencias prácticas que no obtendrían de otro modo. Más aún, generan fondos adicionales para nuestras agencias de ley y orden ya sea por el reembolso de gastos incurridos en la participación en esos task forces o porque la participación de nuestros agentes se traduce en un porciento de las confiscaciones que resulten de las intervenciones en las que participan.
A través de los años, el Gobierno de Puerto Rico ha firmado diferentes acuerdos de colaboración con agencias del gobierno federal que o han expirado y no se han renovado, o que necesitan ser actualizados ya que circunstancias han cambiado. Nos aseguraremos de actualizar y reactivar los acuerdos con las agencias federales para proveer mejores oportunidades de entrenamiento y capacitación a nuestro personal de seguridad pública y maximizar los recaudos de las confiscaciones que pueden ser utilizados para proveer mejores herramientas de trabajo a nuestro personal de seguridad.
La colaboración con el Gobierno Federal contemplara la ayuda técnica y pericial de peritos y laboratorios especializados del gobierno federal en investigaciones y enjuiciamientos estatales. También fortaleceremos las medidas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, optimizando la colaboración interagencial entre los cuerpos de ley y orden municipales, estatales y federales, a través de distintos programas federales que contemplan la asistencia federal para entidades estatales en regiones de alta incidencia criminal y/o en enfocar el desarticular entidades criminales que cometen delitos particularizados. Entre estas iniciativas se encuentran el High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA), el Joint Interagency Task Force-South (JIATF), y el U.S. Council on Transnational Organized Crime-Strategic Division (U.S. CTOC-SD).
La razón para crear el Departamento de Seguridad Pública fue integrar las funciones administrativas de los componentes de seguridad pública en Puerto Rico y permitirles compartir personal y gastos administrativos, logrando ahorros al erario público y eficiencias económicas y operacionales, mejorando los servicios a la ciudadanía, facilitando el cumplimiento con los requerimientos de la reforma de la Policía y salvaguardando los fondos federales.
Este modelo ha sido utilizado y es efectivo en jurisdicciones a nivel nacional. Nuestra ley, en su concepto, busca equiparar la estructura y funcionamiento de estas agencias a la de aquellos estados y países de vanguardia. Sin embargo, para que su implementación sea efectiva, se requiere liderato y visión en su implementación. Hasta el momento, no se han integrado los servicios administrativos de los distintos negociados que componen este departamento, ni se han reducido las burocracias de sus servicios por lo que no ha habido un verdadero ahorro en gastos y más complicaciones que cohesión.
Nos proponemos modernizar la operación administrativa del DSP, minimizando la burocracia y creando eficiencias.
Vamos a asegurar que todos los equipos de comunicación a través de los varios componentes de seguridad y primeros respondedores (e.g., los radios) sean compatibles en función y calidad y que se estandarizarán las bandas de frecuencia de transmisión para que exista una comunicación efectiva entre todos al momento de atender situaciones que involucren más de un negociado. Por ejemplo que, al momento de un accidente en la carretera, la policía pueda comunicarse directa y efectivamente con emergencias médicas o con los bomberos.
Se actualizarán los sistemas computarizados y de base de datos para que las agencias de seguridad tengan acceso a una base en común en que se pueda compartir información entre ellos. El enfoque para atender el crimen será holístico y multidireccional y de esta manera los datos no solo serán para contabilizar los crímenes, sino para analizar y pronosticar el comportamiento de las organizaciones criminales, permitiéndonos atajar futura actividad criminal.
Expandiremos el uso de cámaras con capacidad de uso de inteligencia artificial con aplicaciones de face recognition, que lean las tablillas de los vehículos y que se pueda localizar personas y/o vehículos de interés. Para esto, continuaremos estableciendo acuerdos con municipios y entidades privadas para que la policía tenga acceso a sus cámaras en tiempo real y puedan accionar más rápidamente.
Daremos prioridad a terminar con la fase de cumplimiento de la Reforma de la Policía, culminando con un proceso cuyo fin es proveernos con una Policía mejor capacitada y sostenible. El cumplimiento con la reforma representará un ahorro de $20 millones anuales que podemos redirigir otras áreas de necesidad en la Policía.
Garantizaremos no perder las inversiones hechas para certificar una Policía moderna que ejecute a base de las mejores prácticas, proveyéndole a la Superintendencia Auxiliar de Educación y Adiestramiento (SAEA) y al Centro de Capacitación y Adiestramiento del DSP los recursos que necesita para capacitar nuestros agentes del orden público en los avances tecnológicos, y las tácticas, técnicas y procedimientos más modernos para mejorar su efectividad operativa.
Procuraremos redistribuir el personal y los recursos de la Policía de acuerdo con la incidencia criminal en las distintas Áreas Policiacas. Es imperante corregir la distribución desigual de personal y asegurar que nuestros oficiales estén donde más se les necesita. Esto incluye la redistribución de vehículos según las necesidades para que cada unidad cuente con los medios adecuados para realizar su labor de manera efectiva.
También tenemos que intensificar la presencia policiaca en las avenidas, calles principales, lugares públicos, barrios sectores y comunidades. Es esencial el enlace comunitario por lo que devolveremos a las calles a las Divisiones Especializadas (D.O.T., SWAT, K9) en patrullajes preventivos, para brindar apoyo crucial a las unidades existentes. Esta estrategia permitirá prevenir las muertes violentas en lugares donde, en demasiadas ocasiones, personas inocentes han perdido la vida. Incluiremos en estos esfuerzos conjuntos a unidades específicas de la Guardia Nacional, con el fin de apoyar las agencias del orden público para aumentar la capacidad de neutralizar y prevenir la libertad de movimiento de narcóticos, armas y tráfico humano hacia nuestras costas.
Hay cerca de 1,300 uniformados realizando trabajos administrativos y en retenes, debido a la falta de personal civil para ello. De hecho, una de las estipulaciones de la Reforma de la Policía requiere el reclutamiento de “civiles” para estas posiciones administrativas para que los policías puedan cumplir su rol de seguridad y regresar a nuestras calles.
Crearemos una reserva compuesta por oficiales retirados o veteranos en buena condición física, a quienes se les realizará una investigación de trasfondo y de antecedentes penales y se mantendrán en constante adiestramiento para proveer servicios de apoyo policiaco. Estos podrán ser utilizados en centros de mando, retenes, administración, o como instructores, permitiendo que más oficiales estén disponibles para patrullar las calles 24/7, responder a emergencias y combatir actos delictivos
El 47% de los asesinatos ocurridos en los últimos años en Puerto Rico están relacionados con el tráfico de drogas ilegales. A diario, los agentes de las Divisiones de Drogas y otras unidades realizan operativos y arrestos. Sin embargo, un problema crítico que los operativos y arrestos policiacos no culminan con una convicción. Frecuentemente, los fiscales que reciben estos casos confrontan dificultades que afectan la habilidad de poder procesar los caso y muchos se pierden en la etapa de vista preliminar o son desestimados en etapas posteriores, resultando en un porcentaje mínimo de convicciones y un número aún menor de sentencias efectivas debido a declaraciones de culpabilidad. Es imperativo asignar fiscales capacitados y especializados para casos de drogas, y que estos casos sean manejados de forma vertical.
El personal de nuestros componentes de seguridad pública tiene la tarea diaria de manejar eventos peligrosos y de alto riesgo en la comunidad. Están constantemente expuestos a sucesos traumáticos que pueden tener un impacto emocional y mental negativo en todos los involucrados. El bienestar físico y mental de los servidores públicos es esencial para poder hacer sus funciones y una prioridad de la administración.
Los programas de bienestar (wellness programs) han evidenciado ser herramientas esenciales para los primeros respondedores y el personal de seguridad pública para reducir los incidentes relacionados con el estrés, las lesiones en servicio y las jubilaciones médicas, así como prevenir situaciones emocionales o suicidios en el personal de seguridad pública. Ya existen programas de bienestar dirigidos al componente de ley y orden que pueden ser fácilmente adaptados a Puerto Rico. También existen las subvenciones federales y de organizaciones privadas para financiar estos programas.
Al crear lugares de trabajo donde nuestro personal de seguridad pública tenga los recursos que necesita para abordar los traumas en el trabajo y mantener su salud física, mental y emocional, podemos ayudar a salvar vidas, prolongar carreras y apoyar a nuestros servidores públicos y a sus familias.
Puerto Rico es un área de difícil reclutamiento para muchas agencias federales de ley y orden. No solo estamos físicamente separados de los estados continentales, sino que las cargas contributivas y el costo de vida hace difícil su reclutamiento.
Para incentivar el reclutamiento en Puerto Rico, muchas agencias federales del orden público proveen bonificaciones y asistencia con gastos para agentes que escogen mudarse y traer sus familias a Puerto Rico. Algunas agencias proveen asistencia para sufragar los costos de las matrículas de sus hijos y otras ayudan con los costos de mudanza. Ahora bien, estas asistencias y bonificaciones cuentan como ingreso bajo nuestras leyes, lo que aumenta la responsabilidad contributiva de estos agentes, aniquilando el efecto que persiguen las bonificaciones y los incentivos que proveen las agencias federales.
Conscientes de la importancia de la fuerza de las agencias federales del orden público y seguridad en nuestra Isla, contribuiremos a los esfuerzos de reclutamiento de estas agencias eximiendo de tributación local estas bonificaciones y asistencias. También trabajaremos de la mano con las agencias federales para buscar nuevas maneras de hacer a Puerto Rico un destino más atractivo para los agentes federales y sus familias.
La Reforma de la Policía requiere que los cadetes se gradúen de la Academia de la Policía con, por lo menos, un grado asociado. Cuando se enmendó la ley en el 2021 para bajar a 18 años la edad mínima de ingreso a la Policía, se permitió que el grado asociado se pueda completar en el término de tres años a partir de que juramente como cadete. Ahora, estos cadetes no pueden ingresar a la Policía como agentes hasta tanto obtengan ese grado asociado y es difícil lograr un grado asociado a la vez que se reciben el entrenamiento especializado y las horas contactos de adiestramiento policiaco.
Uniformados y Cadetes por Año
Fuente: Portal Negociado de la Policía de Puerto Rico, Perfil del Personal
Para acelerar el entrenamiento e ingreso de nuevos agentes a la Policía, estableceremos un programa en la escuela superior para facilitarle a los estudiantes que tengan planes de ingresar a la Academia de la Policía que, antes de graduarse, puedan comenzar a tomar cursos dirigidos a un grado asociado para adelantar los mismos y estar en posición de ingresar a la Policía como agente lo antes posible.
Enfrentar la violencia doméstica requiere un enfoque humanitario, que no solo proteja a las víctimas, sino que también les proporcione el apoyo necesario para reconstruir sus vidas y asegurar que los casos se sostengan efectivamente en los tribunales. Estableceremos un programa para proveerle un entorno seguro, tranquilo y cómodo para las víctimas, que contará con un personal capacitado para canalizar eficazmente las ayudas disponibles.
Una víctima de violencia doméstica que acude a un cuartel de la Policía buscando ayuda para conseguir una orden de protección bajo la Ley 54 pueden esperar largas horas desde que llega en búsqueda de ayuda hasta que su caso se presente ante un juez. Tiene que esperar mientras se procura la presencia de policías especializados, se discute el caso con un fiscal, y se traslada a la víctima al tribunal para presentar su caso. Muchas veces, vienen acompañadas de menores, lo que añade una presión adicional, con la preocupación de ocupar a los niños para evitar trauma emocional por la experiencia en el cuartel y de alimentarlos y cuidarlos durante el transcurso del proceso.
Incidentes de Violencia Doméstica
Fuente: Instituto de Estadísticas, Incidentes de Violencia Doméstica
Existe la figura del intercesor legal en casos de violencia doméstica que acompaña a la víctima durante el proceso judicial, le provee apoyo emocional, le proporciona información sobre sus derechos y le ayuda en la tramitación de los procedimientos. Aunque estos servicios se pueden prestar de manera presencial, telefónica o virtual, usualmente están accesible a través de los centros judiciales.
Denunciar un acto de violencia doméstica, agresión sexual, hostigamiento o alguna otra manifestación de la violencia de género es un proceso descrito por muchos sobrevivientes como difícil, agotador y aterrador, donde se revictimiza a la víctima del delito. Nos enfocaremos en tener sensibilidad y sentido de urgencia en el manejo y trámite de estos dolorosos casos. Daremos espacio a la víctima para que pueda entender e internalizar el proceso y los derechos que le acompañan, y la asistencia que existe para apoyarles durante y después de obtener una orden de protección bajo la Ley 54.
Estableceremos un programa funcional de apoyo a la víctima de violencia doméstica para que, cuando acuda a un cuartel buscando ayuda, sea trasladada de inmediato a un lugar designado más tranquilo, seguro y acogedor para continuar su trámite legal, donde podrá recibir asistencia en un ambiente menos aterrador e intimidante que un cuartel de la Policía. Allí, la persona será recibida por un trabajador social o un intercesor judicial que pueda:
Allí, la víctima también puede descansar, alimentarse y velar sus niños en un lugar privado y seguro mientras se concluyen los trámites judiciales. Nos aseguraremos de que la víctima tenga el apoyo necesario durante el proceso y que se le provean las herramientas disponibles para no sentirse desamparada una vez obtenga la orden de protección.
El Departamento de Justicia ya tiene una Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delitos a través de la cual se puede canalizar este programa. Además, existen fondos federales para estos programas y hay entidades del tercer sector que pueden ser fortalecidos con la ayuda del Estado.
Una de las piedras angulares de nuestro sistema jurídico y democracia es que un acusado tiene el derecho de confrontar a testigos en su contra. Esto tiene la consecuencia indirecta de que los testigos y las víctimas de delitos arriesgan su vida para que se puedan procesar los delitos y el sistema de justicia debe reconocer esos sacrificios, por lo menos, tratándoles dignamente. Reconociendo esto, Puerto Rico desarrollo un albergue de testigos. Sin embargo, el mismo ha sido descuidado y esta en unas condiciones deplorables por lo que no está en condiciones de albergar, ni de ofrecer el alojamiento, alimentos y atenciones que merecen los testigos.
Buscaremos ofrecerles a testigos y las víctimas de delitos el trato que se merecen, mejorando y reacondicionando el albergue y utilizando otras facilidades para su alojamiento en un lugar cómodo y seguro.
Ahora mismo, la Autoridad de Transporte Público le paga a una compañía privada para que provea seguridad en el interior del Tren Urbano. Si extendemos la jurisdicción de la Policía Municipal para que puedan proveer seguridad en el interior del trasporte colectivo que transita por la extensión territorial del Municipio, la ATI podría firmar acuerdos de colaboración con la Policía Municipal de Guaynabo, de San Juan y de Bayamón y redirigir los fondos que ahora se le pagan a un ente privado para conseguir mejores beneficios y equipo para los policías municipales.
Históricamente, la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos era fuente de ingresos para el sostenimiento del Departamento de Justicia ya que puede imponer multas y participar en pleitos a nombre del Estado (e.g., pleito de los cigarrillos). En tiempos recientes, se ha quedado sin personal, sin economistas y con pocos abogados. Esto ha permitido que se proliferen prácticas ilegales en los comercios que continúan por falta de personal que investigue e inspeccione. Redirigiremos recursos a la Oficina de Asuntos Antimonopolísticos los recursos que necesita para funcionar adecuadamente.
Independizaremos el Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia. No existe razón de política pública alguna para que el Registro esté adscrito al Departamento de Justicia ya que sus funciones no son ni tangenciales con las del Departamento. El dotar al Registro con herramientas para desarrollar e implementar iniciativas para mejorar el servicio promueve la certeza en el tráfico jurídico de bienes raíces en Puerto Rico, lo que debe ser bienvenido por las instituciones financieras y los prestamistas y el público en general.