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La situación de nuestro sistema de salud es una complicada y crítica. Con una población de adultos mayores en aumento, la necesidad urgente de prestarle más atención a la salud mental y la oportunidad de lograr mejoras sustanciales a la prestación de servicios, nuestro sistema de salud requiere de atención en múltiples frentes y de manera crítica.
Necesitamos más proveedores. Necesitamos más dinero para pagarles y para ofrecer mejores beneficios. Necesitamos mejores facilidades de salud.
La mitad de nuestra población recibe servicios de salud a través de Medicaid, lo que conocemos como la Tarjeta de Salud. En este programa, que es compartido con el gobierno federal, Puerto Rico recibe muchísimos menos fondos por no ser estado y esto requiere que el Gobierno de Puerto Rico aporte muchísimo más que si fuéramos un estado. El resultado es que Puerto Rico provee menos beneficios a menos gente y les paga menos a nuestros proveedores. La gran proporción de personas en Puerto Rico que reciben sus servicios de salud a través de los planes de salud públicos (Medicare y Medicaid) y las limitaciones en su financiamiento tienen un efecto directo en el sistema de salud de la Isla pues mantenemos la compensación a los proveedores muy por debajo en comparación con los estados. Todo esto se traduce en un éxodo de profesionales de la salud de nuestra gente a los estados y en una escasez del recurso humano que atiende la salud que ejerce una presión adicional sobre el acceso y la calidad del sistema de atención médica de Puerto Rico.
Este problema necesita atención inmediata. No podemos seguir viviendo de crisis en crisis. Necesitamos una reingeniería de nuestro sistema de salud que ponga el paciente primero, que cuide por las necesidades y promueva la educación del recurso humano que necesitamos y que promueva las condiciones para el establecimiento y crecimiento de hospitales e instituciones de medicina de primer orden. Estamos listos para esto y ya tenemos el plan trazado.
Esto nos permitirá que los datos de Puerto Rico se incluyan en los informes del Departamento de Salud federal, de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), de Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC) y de Medicaid and CHIP Payment and Access Commission (MacPAC). Esto no solo aumentará la transparencia en cuanto al uso de los fondos federales y la garantía de su buen uso, sino que nos permitirá comparar los costos y la calidad de los servicios que se brindan a través de la Tarjeta de la Salud con los estados y será crucial para apoyar las asignaciones de fondos que nos llevaran a la igualdad en su financiamiento.
La LEY DEBENEFICIOS DE SALUD PARA EMPLEADOS PÚBLICOS fue aprobada en el 1963, con el fin de establecer un plan médico para los empleados del Gobierno de Puerto Rico. Esta ley, aprobada hace más de60 años, está obsoleta y no provee una estructura que se ajuste a los tiempos. Además, la contribución mínima estática delgobiernode$125tampocose ajusta a la realidad del sistema. Como punto de referencia, para los empleados del gobierno federal la aportación promedio para un empleado solo (individual) es de $542.86 mensual y esto se calcula con un tope del 72% de la prima total del plan de salud por empleado.
Conformaremos un grupo de trabajo para mejorar la oferta de planes de salud disponibles, evaluando, entre otras cosas,(i) los datos disponibles sobre la membresía, primas, costos y beneficios de los planes; (ii) una fórmula de aportación patronal para las entidades patronos que promuevan la participación y el acceso; (iii) la deseabilidad de establecer un nuevo mercado de planes de salud para empleados de las agencias que no estén en un plan grupal; y (iv)la opción de dar vales o vouchers por una cantidad menor a los empleados públicos que prefieran comprar un plan comercial en el mercado individual.
Tenemos que anticiparnos a estos retos, creando hoy la sociedad que necesitamos en el mañana.
Sin embargo, existen profesiones en el área de salud de gran importancia para apoyar la salud y el bienestar de los adultos mayores y de sus familias para los cuales no existen programas en Puerto Rico o pudieran desarrollarse a mayorcapacidad. Entre estos se encuentran:
Fomentaremos el desarrollo de estos programas a través del Decanato de Profesionales de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas.
Para este año fiscal 2024-2025, tenemos un número histórico de 528 plazas de residencias y fellowships disponibles en Puerto Rico.
Estudios han señalado que el 74% de los médicos que hacen sus residencias en Puerto Rico se quedan a trabajar en Puerto Rico. Por eso, es importante que mantengamos las acreditaciones para las residencias que tenemos y que continuemos aumentando el número de plazas de residencias disponibles.
Queremos tener suficientes espacios, no solo para los que se gradúan de las escuelas de medicina en Puerto Rico, sino para que los que se fueron a estudiar medicina afuera puedan regresar a la Isla a hacer su residencia.
Hoy, el proceso de credencialización de los médicos es sumamente largo y complicado, ya que cada aseguradora tiene un proceso distinto, que varían por aseguradora y línea de negocio. Este proceso es especialmente difícil para los nuevos proveedores quienes se ven imposibilitados de prestar servicios a los beneficiarios de una aseguradora hasta que se le expidan sus credenciales; esta situación pone a los nuevos proveedores, muchas veces jóvenes profesionales comenzando su práctica, en una desventaja financiera.
Facilitaremos un mecanismo de intercambio de información centralizado como plataforma única para el proceso de credencialización de los proveedores en el Plan de Salud del Gobierno. Este modelo del Credentialing Verification Organization ha sido adoptado por varios estados y ha demostrado ser eficaz.
El trauma es la primera causa de muerte entre niños y personas menores de 44 años. También es la primera causa de incapacidad. El 80% de las personas que sufren un trauma mueren dentro la primera hora, lo que se llama el Golden Hour; el cuidado que reciba la persona lesionada en esa hora determina, de gran manera, si esa persona muere o vive y si sobrevive, cuál va a ser su funcionalidad.
Ahora mismo, el Hospital de Trauma de Centro Médico posee la clasificación más alta en Puerto Rico para el cuidado agudo especializado de pacientes politraumatizados. Ahora bien, lo que nosotros clasificamos como un Nivel 1 en Puerto Rico, equivale a lo que el American College of Surgeonsclasifica nacionalmente como un Nivel 3.
La clasificación del American College of Surgeons como Nivel 1 es lo que asegura que el nivel de cuidado que una persona recibe en Cleveland Clinic en Ohio, es el mismo que recibiría en el Mayo Clinic en Minnesota, en Yale-New Haven en Connecticut, en Jackson Memorial en Miami, en el George Washington Hospital en DC y en Arnold Palmer en Orlando.
El Nivel 1 del Comité de Trauma representa el estándar más alto en atención de trauma dentro de un sistema hospitalario. Un hospital de Nivel 1 debe estar equipado con los recursos y personal necesarios para ofrecer atención integral a pacientes con traumas severos, desde la evaluación inicial hasta la rehabilitación. Esto incluye la disponibilidad 24/7 de personal especializado, como cirujanos de trauma, anestesiólogos, neurocirujanos, ortopedas y otros especialistas, así como equipos avanzados de diagnóstico y tratamiento.
Un hospital Nivel 1 no solo salva vidas, sino que también suelen ser centros de enseñanza e investigación, lo que les permite estar a la vanguardia en innovaciones médicas y quirúrgicas. Esto no solo beneficia a los pacientes actuales, sino que también mejora la calidad de la atención futura a través del desarrollo continuo de nuevas técnicas y tratamientos.
Para apoyar las gestiones del Centro de Trauma de Centro Médico para alcanzar la clasificación de Nivel 1:
Los Determinantes Sociales de la Salud son factores que se encuentran en el entorno donde nacen, viven, aprenden, trabajan, recrean, rinden culto y envejecen las personas. Estos tienen un impacto en la salud y en el sistema de salud general.
El gobierno federal fomenta el uso de fondos federales para la creación de programas para atender las Necesidades Sociales Relacionadas a la Salud (HRSN, por sus siglas en inglés), para que trabajen en conjunto con otros programas de servicios sociales que provee el estado. En otras jurisdicciones, CMS ha aprobado servicios para las poblaciones más vulnerables como: visitas prenatales en el hogar para beneficiarias embarazadas de alto riesgo como alternativa a una visita tradicional en la oficina; consejería de nutrición; entrega de comidas y alimentos al hogar; búsqueda de hogar; educación de derechos del arrendatario; y arreglos en el hogar que sean medicamente necesarios (limpieza de filtros de aire, mejoras a la ventilación, remover hongos, inspecciones del hogar). La implementación de un programa de este tipo podría contribuir a una mayor equidad en la atención médica y a la reducción de las disparidades en salud que afectan desproporcionadamente a los más necesitados en Puerto Rico.
Además, estableceremos un grupo inter agencial para que brinden los diferentes servicios de manera coordinada y se puedan atender los determinantes sociales de la salud efectivamente. Hoy día, se proveen estos servicios tanto por el gobierno como por entidades no-gubernamentales, las cuales se encuentran dispersas y la gente no sabe a dónde ir a recibirlos. Este grupo también tendría a su cargo el levantar datos sobre los determinantes sociales en Puerto Rico para ayudar a hacer una política publica efectiva y justificar fondos federales que hay disponibles.
Es esencial mejorar el acceso a servicios médicos, flexibilizando los requisitos para que los médicos puedan utilizar la telemedicina, promoviendo la idea de patient centered medical home y el “hospital sin paredes”.
Para lograr estas metas es necesario actualizar el reglamento de telemedicina y aclarar que cualquier médico que tenga licencia en Puerto Rico no necesita una licencia diferente de telemedicina.
Mientras que la prevalencia de hepatitis C a nivel nacional se estima en 1.0%, la prevalencia en Puerto Rico se estima en 2.3%, lo cual es más del doble. Ahora bien, según el Reporte Estadístico del Programa de Salud Correccional más reciente (de mayo de 2023), el 20% de la población correccional padece de hepatitis C.
Aunque no hay vacuna contra la hepatitis C, existen tratamientos que pueden curar a la mayoría de las personas en 8 a 12 semanas. Mientras que el Plan Vital cubre este tratamiento (Mavyret®) desde enero de 2019, no ha estado disponible para la población correccional. Cuando consideramos que una operación de trasplante de hígado puede costar unos $812,500, los $28,000 que cuesta el tratamiento para curar el Hepatitis C resulta en una inversión mínima.
La falta de tratamiento no solamente expone a los confinados a infectarse, pero también expone a los ya infectados a padecimientos y sufrimientos que son innecesarios en vista de que existe una cura. También expone a los familiares de estos a ser infectados una vez que salen de la cárcel y a tener que lidiar con los costos y presiones adicionales de tener que cuidar a un familiar con una condición crónica.
En Puerto Rico, existen tres entidades gubernamentales que proveen servicios para víctimas de accidentes: la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (el Fondo) y la Administración de Rehabilitación Vocacional.
Cada una está autorizada bajo su propia ley orgánica, y cada una provee servicios a su población en particular con su propio andamiaje de proveedores. Ahora bien, cuando consideramos el tipo de servicios que prestan, hay muchos que se duplican y otros que se deberían interrelacionar, pero no lo hacen.
A pesar de que cualquier accidente requiere el mismo tratamiento, sin importar la causa, la ACAA, el Fondo y Rehabilitación Vocacional proveen sus servicios, cada uno por su cuenta. La ACAA contrata a sus proveedores, pero no contrata los servicios del Fondo. El Fondo tiene el andamiaje propio para proveer sus servicios, pero no integra la pericia de Rehabilitación Vocacional a los mismos.
Fomentaremos la creación de Memorandos de Entendimiento entre estas entidades para que integren la prestación de sus servicios de modo que puedan optimizar los mismos, coordinar su prestación según la pericia de cada entidad, y garantizar una atención más eficaz y centrada en las necesidades de los pacientes y beneficiarios.
La Procuradora del Paciente es la designada de garantizar el cumplimiento con los derechos que establece la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente y está facultada para investigar y dirigir cualquier querella relacionadas con estas disposiciones y representar legalmente a los pacientes en procesos adjudicativos de la agencia, tribunales de justicia, en la emisión de órdenes e investigaciones de situaciones que aparentan violentar los derechos de los pacientes.
Durante el 2022, se registraron 2,409 querellas ante la Oficina de la Procuradora, de las cuales 1,212 (o el 53%) estuvieron relacionadas a médicos y 888 (o el 39%) estuvieron relacionadas a las aseguradoras. El 79% de estas querellas fueron por pobre calidad en el servicio.
Apoyaremos los esfuerzos de la Procuradora mediante la creación de una unidad de fiscales dentro del Departamento de Justicia dedicada exclusivamente a los asuntos que afecten la prestación efectiva de servicios de salud al paciente. Esta medida permitiría una atención más especializada y efectiva en la defensa de los derechos de los beneficiarios del sistema de salud y será un mensaje claro y contundente de nuestra administración que los pacientes siempre son primero.
El pago por dispensación o dispensing fee se refiere al reembolso que la farmacia recibe por despachar un medicamento. Este reembolso cubre tanto el costo de los servicios profesionales del farmacéutico como los gastos asociados a la dispensación del medicamento a un beneficiario.
Actualmente, el dispensing fee que pagan los programas de Medicaid en los Estados fluctuaban de $8.85 en Illinois y Misuri a $21.28 en Alaska, con la mediana siendo cerca de $11.00. Así las cosas, el Plan Vital paga un dispensing fee de $2.00, cantidad que no ha aumentado en los últimos 15 años.
De los fondos adicionales de Medicaid que conseguimos en los últimos 8 años, ni un centavo ha sido redirigido a las farmacias. Ha habido aumentos para los proveedores, para los hospitales, para los laboratorios, pero no se ha atendido el alza en costos de las farmacias de darle el servicio al beneficiaron del Plan Vital. Y esto no es justo.
Comisionaremos un estudio para determinar el costo razonable de lo que debe ser el dispensing fee y buscaremos los ahorros dentro del presupuesto del Plan Vital para hacerle justicia a las farmacias.
Los medicamentos con receta no pagan IVU y por las mismas razones de política pública tampoco deben estar sujeto a ninguna contribución municipal, incluyendo el impuesto al inventario. Nadie se toma un medicamento con receta por gusto, se lo toman porque es necesario para mantener su salud y, como política pública debemos trabajar para aumentar las condiciones que proveen para más disponibilidad y accesibilidad de medicamentos a menor costo.
El impuesto al inventario es una medida impositiva regresiva, ineficiente, injusta, que afecta la disponibilidad de mercancía, nos encarece los bienes y es un escollo para el desarrollo económico. Trabajaremos para eliminar este impuesto y sustituir esos ingresos que se recaudan para los municipios. En el ínterin, impulsaremos legislación para que los medicamentos con receta sean exentos del impuesto al inventario.
La Junta de Supervisión Fiscal paralizó la implementación de la Ley 82-2019 porque el Gobierno de Puerto Rico nunca pudo someter una certificación de impacto económico aceptable. Siendo las cosas así, lo primero que tenemos que hacer es cumplir con lo que la Junta requiere para que la ley pueda entrar en vigor.
Por otro lado, cuando se aprobó la Ley 82-2019, se legisló asignar la reglamentación y la fiscalización de los PBM al Departamento de Salud y a ASES. En todos los estados, e inclusive en la legislación modelo de la NAIC, quien supervisa a los PBM es la misma entidad que supervisa a las aseguradoras de salud, y se mantiene a la cadena completa de este mercado bajo la misma oficina.
El Departamento de Salud no tiene la pericia institucional para reglamentar uno de los eslabones que más influye en los costos de los seguros de salud y tampoco es a lo que se debe dedicar. Además, fragmentar la supervisión de la interacción entre los PBM y los componentes de la industria de los seguros de salud— que es donde vemos su efecto más dañino— debilita el propósito que buscamos con esta legislación. Por lo tanto, buscaremos enmendar la Ley 82-2019 para alinearla con la legislación en el resto de la nación, para que sea la Oficina del Comisionado de Seguros quien regule a los PBM.
Finalmente, el hecho de que la Ley 82-2019 esté en suspenso no quita que se permita que los PBM incurran en sus prácticas abusivas, que afectan a los pacientes y a las farmacias. Aunque no tengamos una legislación específica en vigor, la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia tiene jurisdicción sobre estas entidades y, mientras la Ley 82-2019 entra en vigor, fortaleceremos la función de fiscalización de esa oficina sobre los PBM y sobre todo el que incurra en una práctica anticompetitiva que afecte nuestro sistema de salud.
Se ha invertido sobre $500 millones en fondos federales y locales para implementar un Medicaid Enterprise System (MES) para estandarizar y automatizar las funciones esenciales del día a día de los programas de Medicaid en toda la Isla y contar con la infraestructura adecuada para abogar de manera constructiva por la paridad en el programa de Medicaid. Promoveremos el uso de estas plataformas a través de la debida operación de estas, mientras continuamos con el desarrollo de otras.
En particular, nos enfocaremos en implementar el proyecto de Health Information Exchange (HIE), otorgando una responsabilidad operacional mucho más directa a los planes de salud. Esta interconectividad y acceso a información promoverá una identificación de paciente única que incluya toda su información electrónicamente y facilitará la interoperabilidad entre los hospitales y las clínicas comunitarias de salud.
Como resultado de una falta de un plan estratégico a largo plazo que se ajuste a las necesidades y peculiaridades de la prestación de servicios de salud en Puerto Rico, se han visto afectados los principios básicos y más importantes en la toma de decisiones de salud: el acceso, la calidad y la costó efectividad. Tenemos muchos hospitales en situaciones financieramente precarias debido, en parte, a que la falta de especialización de muchos de ellos ha impedido la concentración de recursos y pacientes.
Proponemos desarrollar una estructura (framework) a través del Plan Vitalpara fomentar la creación de Centros de Excelencia, una certificación otorgada por el Departamento de Salud a instituciones especializadas que se enfoquen en brindar servicios, investigación o educación de alta calidad en un área específica de especialización—como, por ejemplo, tratamiento del cáncer, salud cardiovascular, autismo o salud mental.
Estos centros suelen concentrarse en condiciones médicas, tecnologías o campos de estudio específicos, combinando personal experto, tecnologías avanzadas y recursos de vanguardia para ofrecer servicios excepcionales. Su objetivo es ser líderes en su campo, estableciendo altos estándares de rendimiento, innovación y atención al paciente. Esto elevaría la calidad de cuidado que se le provee a nuestra gente.
A menudo, estos centros colaboran con instituciones académicas, organizaciones de investigación y otros proveedores de atención médica para mejorar los protocolos de tratamiento, realizar investigaciones y mejorar los resultados de los pacientes. Por lo tanto, crearían talleres adicionales para nuevas residencias médicas.
Los Centros de Salud Calificados Federalmente (conocidos como los Centros 330) desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios de atención médica a poblaciones marginadas y de bajos ingresos. Sin embargo, uno de los principales obstáculos que enfrentan para ampliar sus servicios y llegar a más comunidades es el requisito estatal de obtener un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC), esto en proceso competitivos con otras entidades con fines de lucro que no atienden necesariamente la misma población. Estos certificados, aunque diseñados para regular la expansión de servicios de salud y evitar la duplicación innecesaria, frecuentemente retrasan o impiden la rápida respuesta a las necesidades urgentes de las comunidades desatendidas y la pérdida de asignaciones federales.
En otras jurisdicciones, los Centros 330 y otros centros de salud comunitarios están exentos de CNC en proyectos de salud que tienen asignaciones federales, especialmente cuando se trata de la expansión de servicios de atención primaria, la adición de nuevas ubicaciones, o la modificación de servicios existentes en respuesta a necesidades urgentes de la comunidad. Esta exención se basa en la premisa de que los Centros 330 ya operan bajo una estricta regulación federal y han tenido que pasar por un riguroso proceso federal para justificar la necesidad y conveniencia de los proyectos para los cuales han obtenido asignaciones federales. A diferencia de otras facilidades de salud, los Centros 330 tienen que superar una duplicidad de esfuerzos, federales y estatales, para poder proveer servicios de salud en Puerto Rico. Esto, en muchas ocasiones, provoca la pérdida de asignaciones federales millonarias cuando proyectos aprobados y financiados por el gobierno federal no obtienen la aprobación del Departamento de Salud fundamentado en las restricciones de la Ley de CNC.
En atención a ello, flexibilizaremos las normas aplicables a los Centros 330 para servicios de salud a las poblaciones desatendidas, cuando su financiación se basa en subvenciones federales, y existe una determinación federal de necesidad y conveniencia.
El programa 340B permite a ciertas organizaciones de salud, como hospitales que atienden a pacientes de bajos ingresos y a los Centros 330, comprar medicamentos a precios significativamente reducidos. Esto ayuda a estas entidades a aumentar sus recursos y reinvertirlos en servicios de salud a las poblaciones vulnerables.
El programa 340B está protegido por leyes federales que requieren que los fabricantes de medicamentos vendan los medicamentos a precios reducidos a las entidades calificadas. Las entidades participantes deben cumplir con ciertos requisitos para mantener su elegibilidad, como evitar la "duplicación de descuentos"; es decir, no pueden recibir descuentos tanto del programa 340B como del Medicaid para el mismo medicamento. Para evitar perjuicios al programa 340 B se debe formalizar, por disposición estatutaria o reglamentaria, que los medicamentos comprados a precios 340B no deben ser sometidos a reembolsos adicionales bajo el MDRP, recientemente implementado en Puerto Rico. El programa 340B debe estar protegido contra el "doble descuento" mediante la implementación de sistemas de monitoreo y reglas que aseguran que los medicamentos comprados bajo 340B no se reclamen nuevamente bajo los descuentos de Medicaid y así garantizar la solvencia económica de las entidades de salud que prestan servicios a los pacientes de escasos recursos.
En el caso de los medicamentos para tratar el VIH proponemos que estos formen parte del Formulario de Medicaid y sean compensados a los Centros 330 también bajo el programa 340B. La integración de los medicamentos de VIH al programa 340B permitirá que los pacientes tengan menos barreras financieras para su adquisición, lo cual mejora la adherencia al tratamiento, que es crucial para mantener la carga viral indetectable y prevenir la transmisión del VIH. Los ahorros generados por el programa 340B permitirían que los fondos se reinviertan en programas de apoyo integral para personas con VIH/SIDA, incluyendo asesoramiento, pruebas, programas de prevención y otros servicios sociales.
Muchas entidades que participan en el programa 340B, como las Ryan White Clinics que atienden a una gran proporción de pacientes sin seguro, dependen de los ahorros generados para seguir operando y ampliando sus servicios. Al permitir un acceso más amplio y asequible a los medicamentos para el VIH, se contribuye a reducir la carga viral a nivel comunitario, disminuyendo las tasas de transmisión del VIH y mejorando los resultados de salud pública en general. Los fondos ahorrados pueden destinarse también a la implementación de nuevas terapias y estrategias innovadoras en el manejo del VIH, contribuyendo a una atención más efectiva y personalizada.
Se ha evidenciado que los desastres naturales de la última década y la pandemia del Covid-19 han tenido efectos severos sobre la salud mental y emocional de los jóvenes y niños, que hoy día son jóvenes adultos entre las edades de 18 a 24 años.
Reconocemos que en Puerto Rico no hay suficientes facilidades clínicas y hospitalarias para atender la creciente crisis en la salud mental y emocional de nuestra gente. Particularmente hay aún más escasez de estas facilidades para atender la población de los jóvenes adultos.
Proponemos establecer, en alianza con el sector privado y el tercer sector, la primera facilidad clínica que asista directamente a los jóvenes adultos entre las edades de 18 a 25 años con problemas emocionales, mentales y que necesiten ayuda para aprender a transicionar a una vida independiente. Esta facilidad proveerá terapias individuales y grupales, asistencia con el desarrollo de destrezas ejecutivas, ayudar a relacionarse e interactuar con la sociedad de manera saludable, desarrollar las destrezas para vivir de manera independiente, entre otras áreas de desarrollo y salud mental de los jóvenes adultos.