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A través de las décadas, los puertorriqueños hemos experimentado dificultad en la solicitud, evaluación y obtención de permisos en la Isla. Estas dificultades no se circunscriben únicamente a aquellos permisos típicos de uso o construcción, si no que incluyen aquellos relacionados a evaluación ambiental o recomendación gubernamental.
La LEY PARA LAREFORMA DELPROCESO DEPERMISOS DEPUERTORICO, Ley Núm. 1612009, sentó las bases para un nuevo sistema de permisos enfocado en la transparencia, agilidad y eficiencia. Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico ha sufrido varios reveses judiciales que han derogado el REGLAMENTO CONJUNTO para la evaluación y expedición de permisos. En reiteradas ocasiones, el Gobierno de Puerto Rico ha aprobado legislación en este tema con el objetivo de facilitar el hacer negocios en la isla, pero se ha quedado corto en atender la raíz de los problemas en el proceso de permisos.
El proceso de permisos no es único de la Oficina de Gerencia de Permiso (OGPe) dado a que involucra diversas agencias de la rama ejecutiva, municipios, entre otros. Esa combinación de responsabilidades que recae en diferentes actores ha creado complejidades en el camino ya que cada uno responde a algún interés, ley, reglamentación o fin distinto al de la política pública gubernamental. También persisten grandes discrepancias entre la reglamentación, procesos y sistemas en comparación con la legislación vigente. Esta situación empeora cuando se aprueba legislación que impone términos estrictos para la evaluación y expedición de trámites de permisos, pero la operación carece de las herramientas y personas para su implementación para a su vez poder cumplir con las expectativas de los ciudadanos y PyMEs.
Para poder diseñar y ejecutar una transformación del sistema de permisos, tenemos que implementar medidas dirigidas a modificar el sistema para que esté centrado en el desarrollo de Puerto Rico. No debe existir razón alguna por la cual un ciudadano tenga que depender de un tercero para poder comprender, radicar y obtener un permiso en Puerto Rico. Al mismo tiempo, tenemos que revisar la razón de ser de los requisitos que imponen las diversas leyes, reglamentos y ordenes asociadas a los diversos permisos.
Debemos aspirar a tener al 100% de los municipios con su Plan de Ordenamiento Territorial al día. Esto incluye el interconectar el Single Business Portal (SBP) con los sistemas de las agencias involucradas en el sistema. Además, es fundamental que esto incluya la redefinición y alineamiento de los roles y responsabilidades del proponente, agencias concernidas en este proceso, lo que requiere revisar la política pública vigente (leyes, reglamentos, regulación, ordenes administrativas) para reconciliarlo con los elementos básicos a evaluar en los diversos procesos de permisos. El proceso de permisos debe tener como norte el facilitar hacer negocios en la isla y su balance con la protección ambiental. Como principio, el foco del gobierno debe ser dedicar más tiempo a los permisos más complejos y discrecionales, mientras se facilita la obtención y expedición de permisos más fáciles y ministeriales.
Alcanzar una reforma de permisos puede sonar ambicioso, pero no es inalcanzable. Tenemos que comenzar simplificando los requisitos de trámites, optimizando los procesos y proveyendo visibilidad operacional del rendimiento de los usuarios en el sistema.
De los 78 municipios, 52 de ellos tienen planes territoriales expirados y 9 de ellos no cuentan con un plan aprobado a abril de 2024, según reportado por la Junta de Control Fiscal. Tenemos que actualizar los planes de uso de terrenos (PUT) y planes de ordenamiento territorial (POT), ya que estos establecen la política pública sobre el balance entre el desarrollo económico, ambiente y convivencia a ejercerse en los diversos Municipios de Puerto Rico.
También tenemos que aprobar un nuevo Reglamento Conjunto que ofrezca certeza con normas claras sobre los requisitos y el tiempo para la concesión de cada tipo de permiso.
Una reingeniería comprensiva de las operaciones y procesos relacionados al sistema de permisos es indispensable. Esto no incluye únicamente a la OGPe; también a las agencias y los municipios autónomos con sus oficinas de permisos y las demás agencias que intervienen en el proceso de expedir permisos. Vamos a enfatizar en la agilidad en la expedición de los permisos de uso y de construcción ministeriales, los que deben ser expedidos en menos de dos días laborales.
Como parte de esta reingeniería, tenemos que:
Tenemos que partir de la buena fe de las personas que buscan cumplir con la ley, mientras la División de Auditoría y Querellas debe realizar inspecciones y auditorías periódicas de los permisos emitidos por los Profesionales Autorizados e imponer sanciones más severas a los Profesionales Autorizados e Inspectores Autorizados que radiquen documentos falsos o fraudulentos.
Es responsabilidad del sector público garantizar el alineamiento y la implementación de un sistema de permisos ágil, eficiente y simple que elimine redundancias y desperdicios en aras de optimizar los procesos.
Aunque es imperativo reforzar el recurso humano para atender con agilidad las solicitudes de permisos, necesitamos incorporar la tecnología para atender la cantidad de permisos que se requieren ser atendidos, cada vez con menos personal.
El desarrollo de la inteligencia artificial presenta un nuevo marco donde tareas básicas administrativas no tengan que ser realizadas por el técnico. Por ejemplo, la inteligencia artificial se puede aprovechar para validar documentos y/o información de uso común del solicitante y proyectista en la evaluación. Por otro lado, mediante la visualización del mapa e información previa de adjudicación en los catastros, se puede obtener la información previa del predio y cómo la OGPe adjudicó un permiso previamente en dicho catastro. Quiere decir, que se puede proveer la visibilidad al técnico del historial y desempeño de ese catastro a través de los años para poder tomarlo en cuenta al momento de adjudicar permisos discrecionales.
La incorporación y uso de tecnologías nos ayudará, entre otras cosas, a:
Tenemos que mover los proyectos de reconstrucción con fondos federales que, 7 años después de los Huracanes Irma y María, todavía languidecen en los trámites de permisos en perjuicio de nuestra gente, que necesita la obra.
Para los proyectos con fondos de reconstrucción, buscaremos eximir el trámite de todo permiso o consulta estatal que sea duplicativo de un permiso o endoso federal, especialmente en los terrenos ya impactados (brownfields). Estableceremos procedimientos alternos para dar por aprobado cualquier permiso, endoso, consulta, certificación, evaluación, autorización o proceso similar aplicables que ya ha pasado por una evaluación y aprobación por parte de las agencias federales.
También buscaremos que todas las certificaciones y permisos de carácter ministerial sean emitidas por ingenieros, agrimensores o arquitectos licenciados, mediante procesos de auto certificación, para una certificación automática de construcción. De la misma manera que vamos a presumir que el profesional actúa de manera competente, fiscalizaremos y penalizaremos a los que fallen a la confianza que hemos depositado en ellos mediante inspecciones y auditorias.
Aunque existe un dashboard público de métricas del “Single Business Portal”, este debe ser optimizado para proveer mayor visibilidad y promover transparencia. Esta herramienta debe incluir el tiempo de procesamiento entre la OGPe, agencias concernidas, municipios y el sector privado para poder medir el desempeño de cada uno de los integrantes del sistema. Aunque la OGPe es la llamada a evaluar y adjudicar solicitudes, no es el único integrante y al cual se le debe evaluar el desempeño para identificar dónde están los atrasos e identificar áreas de oportunidad.