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Desde el 2017, hemos estado bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal(JSF), creada bajo la ley federal conocida como el PUERTO RICO OVERSIGHT, MANAGEMENT AND ECONOMIC STABILITY ACT (PROMESA).
PROMESA creó la JSF con el propósito principal de atender una crisis fiscal y financiera histórica y proveer mecanismos legales para poder reestructurar la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas. La JSF, sin embargo, se ha convertido en una institución que pretende llevar a cabo funciones que corresponden al gobierno, adjudicándose poderes que no le reconocemos bajo PROMESA. El costo a nuestras instituciones democráticas y el costo operacional de la JSF son una carga insostenible para nuestro desarrollo social y económico.
El logro mayor de PROMESA fue poder restructurar 85% de la deuda pública y la única entidad cuya deuda no ha sido reestructurada lo es la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Todas las entidades reestructuradas están cumpliendo con sus obligaciones, el Gobierno ha sobrepasado las proyecciones de recaudos impuestas por la JSF, y se han implementado iniciativas fiscales y económicas necesarias.
El Gobierno Central completó y salió de su reestructuración bajo el Título III de PROMESA el 15 de marzo de 2022. Desde entonces, hemos pagado con éxito y cumplido con todas las obligaciones bajo los bonos reestructurados, superado los superávits proyectados y completado los pagos de los instrumentos de valor contingente. El Gobierno también ha logrado emitir sus estados financieros auditados para el año fiscal 2022, y espera emitir los de 2023 antes del cierre del año fiscal 2024.
Para salir de la JSF, necesitamos ejecución y transparencia, a través de una fiscalización profesional y efectiva, liderato consistente y claro de propósito desde La Fortaleza y a través de todos los entes de gobierno.