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El 2 julio de 2017, se radicó la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Un sistema débil resultado de años de abandono y falta de mantenimiento, junto con una deuda de sobre $9 billones y la falta de liquidez del monopolio energético causado por el malgasto de miles de millones de dólares del Pueblo de Puerto Rico hicieron esto inevitable.
Y después vino el peor desastre natural en la historia de Puerto Rico. Los huracanes Irma y María encontraron a la AEE en su peor momento histórico. Los vientos del Huracán María derribaron miles de postes y arrancaron tendido eléctrico; sus lluvias inundaron y destruyeron subestaciones y plantas. Y la Isla se apagó por meses y, para algunos, por casi un año.
Como consecuencia de la devastación del Huracán María y de los terremotos del 2020, a través de gestiones de la comisionada residente y del Gobierno de Puerto Rico, pudimos obtener una cantidad de fondos federales nunca antes vista para la recuperación y restauración de nuestra red eléctrica:
Además de eso, desde el Congreso se asignó $1 billón más, a través del Departamento de Energía, para apoyar la recuperación en las comunidades a través de un programa para brindar a las familias de bajos ingresos y a las personas con discapacidades acceso a energía solar residencial.
Aun con esas asignaciones históricas— suficientes para reconstruir por completo un sistema eléctrico de primera, que aguante el embate del próximo María y más— todavía continuamos enfrentando una inestabilidad extrema en el suministro de energía, con apagones prolongados, a diario y generalizados. Continuamos con un sistema que apenas puede satisfacer la demanda.
El Gobierno de Puerto Rico contrató a los operadores de LUMA y GeneraPR para que mejoraran el servicio y generaran ahorros para el bolsillo del consumidor, pero eso no es lo que estamos viviendo.
Necesitamos electricidad confiable, asequible, estable y segura. Necesitamos un sistema que atraiga inversión económica y que permita abaratarle los costos a los pequeños y medianos comerciantes, y a la manufactura. Necesitamos eliminar el costo y el impacto al medioambiente y climático de las plantas de combustible obsoletas e ineficientes. Necesitamos construir un sistema resiliente, en el cual podamos contar 24/7.
Para lograr esto, vamos a implementar un gobierno que entienda la urgencia, la complejidad, la ruta para lograr estas metas energéticas – y tenga la voluntad y determinación para exigir, fiscalizar y ejecutar.
Si algo ha quedado claro en los pasados años es la falta de una política pública energética coherente y de un liderazgo efectivo para lograr su coordinación y ejecución por todos los componentes del Gobierno.
Revisaremos toda la legislación sobre política pública energética de Puerto Rico para asegurarnos que se atempere a nuestra realidad. Mediante una Orden Ejecutiva, plasmaremos nuestra política pública energética y que claramente establezca las responsabilidades de las agencias dentro de esa política pública.
Esto incluirá el nombramiento de un zar de energía, a la cabeza de un task force multi-agencial, profesional y capacitado para implementar nuestra política energética y fiscalizar todo lo relacionado a la red eléctrica incluido su reconstrucción, los contratos con LUMA y GeneraPR, brindar transparencia, procesos de licitación, levantar información técnica, operacional, y financiera, y ayudar a lograr el cumplimiento con las metas y documentar el incumplimiento y liderar los procesos de terminación del contratista, dando paso a la cancelación legal y con causa de forma responsable para no afectar el bolsillo del Pueblo. La figura del zar será el representante del gobierno de Puerto Rico, estrictamente velando por los intereses del pueblo de Puerto Rico, brindando a la Gobernadora las herramientas para poner en cintura, cancelar y sustituir, no solamente a LUMA, sino a cualquier contratista del gobierno que incumpla en sus obligaciones con el pueblo de Puerto Rico.
Apoderaremos al zar para actuar a nombre de la Gobernadora con garras y con toda la autoridad necesaria, entre otras cosas, para:
(i) coordinar los esfuerzos para la reconstrucción del sistema eléctrico, en capacidad similar a un project manager, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AEE, GeneraPR, LUMA, el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de la Vivienda, el Central Office for Recovery, Reconstruction and Resiliency (COR3), FEMA, el U.S. Department of Housing and Urban Development(HUD), el U.S. Department of Energy y cualquier agencia estatal o federal con responsabilidad;
(ii) alinear los esfuerzos y trabajos de fiscalización y ejecución entre la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas (AAPP), la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), la AEE, COR3, el Negociado de Energía (NEPR) y La Fortaleza con cada operador (LUMA y GeneraPR);
(iii) establecer los procesos y sistemas de divulgación de información de LUMA y GeneraPR sobre presupuesto, operaciones, uso de fondos federales y progreso de reconstrucción/modernización del sistema eléctrico;
(iv) implementar los procesos de auditoría y evaluación para confirmar, de forma independiente y a nombre del interés público, que las adjudicaciones de los contratos de los operadores cumplen con la ley y que no se incurra en “nepotismo energético”;
(v) reestablecer la estructura y disciplina que le deben los contratistas de la AEE al gobierno y al Pueblo;
(vi) comenzar las gestiones para buscar nuevos operadores para la transmisión y distribución de electricidad; y
(vii) acelerar las gestiones para añadir nuevas fuentes de generación a través de alianzas público privadas.
De este modo, alinearemos el comportamiento y la actitud del equipo de fiscalización para lograr la transparencia obligada cuando se trata de servicios y fondos públicos, la rendición de cuentas y un mejorado desempeño de los operadores privados contratados a través la AAPP.
También podremos fiscalizar directa y agresivamente a los operadores privados, exigiendo responsabilidad por daños causados a consumidores por sus acciones u omisiones como agentes y contratistas del gobierno.
La histórica asignación de fondos federales para reconstruir la red eléctrica no ha tenido impacto tangible. Los proyectos aparentan estar en etapas muy tempranas, a pesar de haber transcurrido tantos años desde que se asignaron los fondos.
El desarrollo económico y social de Puerto Rico depende de que se articule un plan de ejecución agresivo para identificar y sobreponer los escollos existentes para que los proyectos se construyan cuanto antes.
Por eso, ordenaremos que el zar lleve acabo una auditoría del uso y reembolso de fondos federales para establecer un plan real de ejecución inmediata para acelerar la reconstrucción de la red.
El bienestar del pueblo y del desarrollo económico dependen de que haya estabilidad en el sistema eléctrico. La red tiene que continuar funcionando aun mientras perseguimos el mandato legal de la integración masiva de renovables. El propio departamento de Energía federal indica que, durante la transición a energía renovable, se tiene que evaluar el uso de otras fuentes, sin descartar una u otra, como un paso transitorio a la generación de energía con fuentes renovables. Tenemos que diversificar la canasta energética y considerar todas las opciones para que nuestra gente tenga luz.
Procuraremos acción legislativa para poder realizar las inversiones necesarias para fortalecer a la red, y asegurar un suministro de energía constante con una diversidad de combustibles durante la transición energética. Impulsaremos, con todo el apoyo y autoridad del gobierno, la inmediata conversión a gas natural e hidrógeno de plantas existentes y compatibles; la eliminación de combustible Búnker para cumplimiento ambiental; construcción de generación moderna, confiable y ambientalmente aceptable para sustituir la anticipada salida de AES (planta de carbón) y los 454MW que hoy produce al menor costo del sistema. El comisionado residente apoyará las gestiones del Gobierno de Puerto Rico para identificar recursos adicionales a través del Congreso y las agencias federales.
También presionaremos para la aceleración de la integración de proyectos de energía renovable a una red confiable y de forma costo-efectiva, incluyendo la rehabilitación de las plantas hidroeléctricas, la expansión de energía eólica, y la adición de energía termal, entre otras.
Nuestros sectores productivos continúan sufriendo por la inestabilidad e inseguridad energética. Es vital que el gobierno no tan solo les dé seguimiento a las labores de reconstrucción de la red, sino que además apoye y facilite el desarrollo de alternativas, como la cogeneración y las microrredes, para que no se interrumpa la producción en comercios e industrias.
Cónsono con la ley y la política pública, será nuestra prioridad potenciar la mayor cantidad de opciones de servicio y de aplicación de tecnologías siempre y cuando sean seguras, económicamente viables, probadas y adaptables a nuestro entorno.
Se honrarán los contratos acordados de buena fe, pero no será nuestra prioridad proteger la exclusividad o permanencia de un suplidor, proveedor u operador en particular que no cumpla, o que enfrente una competencia legítima. Igualmente se atendrán las propuestas de inversión privada real, que no sean basadas en subsidio con fondos públicos o de exclusividad.
Favoreceremos el desarrollo de la competencia cuando sea en el interés del mejor servicio. No se descartará el explorar el uso de mecanismos de coordinación del mercado, ni la colaboración con las islas vecinas en el Caribe u otras iniciativas, tales como cooperativas de energía, y microrredes, siempre y cuando atiendan el mejor interés público y la seguridad energética y redunden en la reducción de costos.
El Fideicomiso de Energía Verde se organizó por mandato de la Ley de Política Energética de Puerto Rico, Ley Núm. 17-2019. No obstante, a pesar de estar organizado y con una dirección nombrada, aun no se le han asignado fondos para capitalizarlo.
Parte importante de su misión es crear programas, iniciativas, incentivos para apoyar proyectos de energía en comunidades - en particular las aisladas - así como permitir que más puertorriqueños se conviertan en prosumidores de energía.
Trabajaremos para capitalizar el Fideicomiso de Energía Verde como parte de nuestros esfuerzos para construir en una red eléctrica más estable y asequible.
La Ley de Política Energética de Puerto Rico requiere la integración a nuestra red energética de energía renovable de manera masiva. Además de apoyar que se construyan proyectos de energía verde a gran escala, así como proyectos de generación distribuida, el Gobierno tiene que ser parte de la solución.
Por ejemplo, podemos convertir las facilidades del Tren Urbano en fincas solares que provean electricidad para la operación de las estaciones y provean electricidad adicional de bajo costo al sistema eléctrico. En los estacionamientos de las estaciones de Cupey, Centro Médico, San Francisco, Martínez Nadal, Torrimar y Jardines se pueden instalar techados con placas solares, similar al que existe en el Centro de Convenciones. De igual manera, la mayoría de los techos de las estaciones del Tren Urbano también pueden utilizarse para colocar placas solares. También existen placas fotovoltaicas— que ya se usan en países europeos— que se colocan en las vías del tren y aprovechan estas superficies. Con estos sistemas, bajamos la demanda al sistema energético al energizar las estaciones del tren urbano con energía solar y, a la vez, aumentamos la disponibilidad de energía limpia y económica, produciendo energía adicional para aportar a la red eléctrica.
El costo energético del Tren Urbano sobrepasa el millón de dólares mensuales por lo que la instalación un sistema fotovoltaico se pagaría por si mismo. Aun así, existen programas del Departamento de Energía federal y del Departamento de Transportación federal que apoyarían este tipo de iniciativa.
El Gobierno puede ser parte de la solución para la estabilidad y seguridad de la red eléctrica, tomando un rol más activo, contribuyendo de manera directa a reducir la carga al sistema y produciendo energía de menor costo para reintegrar al sistema.
La restructuración de la AEE se encuentra nuevamente en pleno proceso de negociación. Debido a los recientes acontecimientos legales ante los tribunales, no sabemos cuánto será, ni cómo se va a pagar. No obstante, vamos a exigirle a la JSF que busque toda opción para reducir la deuda a su mínimo, incluyendo vincular aumentos en los pagos de deuda con reducciones en el costo de energía.
Por nuestra parte, será nuestra política el utilizar todos los mecanismos disponibles para que no se afecten los más vulnerables y mantengamos una estructura tarifaria asequible y equitativa, incluyendo utilizar fondos excedentes y no comprometidos del gobierno para recobrar la nueva deuda que se expida como parte de la reestructuración.
Tenemos una obligación moral con nuestros pensionados. Por ello, garantizaremos proteger, ante la Junta de Supervisión Fiscal y los acreedores, los pagos de las pensiones a los pensionados de la AEE, minimizando cualquier impacto a los clientes.
Extenderemos a las empresas energéticas las prohibiciones de nuestras leyes anti-nepotismo que prohíben la contratación de familiares o exempleados en el servicio público, de modo que se les prohíba contratar a otras empresas relacionadas o a exdirectivos, a menos que no sean la única y mejor opción en términos de precios y servicios.
El Pueblo de Puerto Rico termina pagando en sus facturas de luz por las ineficiencias y contratos a sobreprecio. Por eso, requeriremos que, para que se permita un contrato con una empresa relacionada o de un exdirectivo, será necesario que se pruebe que no existe ninguna compañía en Puerto Rico que pueda proveer los servicios y que no existe otra compañía a nivel nacional o mundial que pueda ofrecer los servicios a un costo similar.