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Puerto Rico ha atravesado décadas de desafíos fiscales y competitivos que han afectado tanto su desarrollo económico como su atractivo para la inversión y calidad de vida. Por muchos años, nuestro panorama fiscal ha estado marcado por políticas ineficientes y sistemas burocráticos que dificultan el crecimiento sostenible. Hoy más que nunca, es vital replantear el modelo contributivo y de finanzas públicas para transformar a Puerto Rico en un lugar atractivo para vivir y para la inversión y con un ambiente propenso para el establecimiento de negocios y desarrollo económico.
Impera la necesidad de implementar una reforma que no solo simplifique y modernice nuestros procesos fiscales, sino que también fomente un entorno de apertura económica centrado en nuestros empresarios locales y la justicia social. Esta base es esencial para promover un desarrollo económico sostenible y la libertad económica, haciendo que Puerto Rico se convierta en un lugar próspero para su ciudadanía y para la inversión local y extranjera.
Apertura a modelos diversos y flexibles que incentiven la planificación financiera y el retiro de los puertorriqueños, asegurando que tengan opciones viables para asegurar su futuro;
Simplificación y automatización del proceso de radicación de planillas, haciéndole más ágil y sencillo a las personas y empresas que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales;
Proactividad en la autosuficiencia de los municipios, asegurando que puedan gestionar sus recursos de forma más eficaz y contribuir al bienestar colectivo;
Mayor reconocimiento y apoyo al tercer sector, fortaleciendo el papel crucial que desempeñan las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo social y económico de la isla;
La facilitación de la inversión extranjera mediante la agilización de procesos de cumplimiento en los decretos de incentivos, haciendo de Puerto Rico un destino más competitivo y accesible para el capital foráneo.
Además, estamos conscientes de la responsabilidad que conlleva liberar a Puerto Rico de las presiones impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Nuestro norte es lograr mantener un presupuesto balanceado, a la vez que implementamos reformas estructurales que incrementen la eficiencia en los recaudos y promuevan una gestión fiscal responsable.
Hoy día, la Contribución sobre Ingresos de Individuos está compuesta de tres impuestos separados los cuales aplican en sustitución uno de los otros, a saber: Contribución Normal, Contribución Básica Alterna o CBA y Contribución Opcional. Las escalas contributivas a nivel de individuos no se revisan desde hace más de una década. Es por esto por lo que debemos ponderar la carga contributiva que sobrellevan los puertorriqueños, además de los aumentos sustanciales en el costo de vida. En el año 2021, se aumentó el beneficio del Crédito por Trabajo a gran parte de la clase trabajadora en Puerto Rico. Sin embargo, existe una gran cantidad de contribuyentes que igualmente forman parte de esta clase trabajadora que no son elegibles para recibir dicho crédito. Debemos auscultar alternativas para aliviar la carga contributiva a este sector de contribuyentes individuos que no se beneficia del Crédito por Trabajo y que están sujetos a las tasas contributivas más altas de 25% y 33%.
Puerto Rico ostenta el segundo lugar a nivel internacional con las tasas contributivas más altas para las corporaciones. El Código de Rentas Internas de Puerto Rico establece una cuenta con una tasa marginal de 37.5%, mientras que el promedio a nivel mundial es de 22.2%, con una media de 25%. De igual modo, Puerto Rico tiene la tasa contributiva más alta de entre las distintas jurisdicciones de los Estados Unidos, considerando un promedio de 26%, con una media de 26% y la tasa más baja de 22.98%. Debemos lograr que Puerto Rico sea una jurisdicción más atractiva y competitiva, toda vez que ello redunda en mayor inversión, empleos y oportunidad de desarrollo económico.
Nombraremos un comité de expertos para continúen los esfuerzos del grupo asesor establecido bajo la Orden Ejecutiva 2021-072, para que, en los primeros 6 meses de nuestra administración, propongan soluciones para establecer un sistema tributario más simple, justo, equitativo, eficiente y transparente, que incluyan:
El impuesto al inventario es una medida impositiva regresiva, ineficiente e injusta, que afecta la disponibilidad de mercancía, nos encarece los bienes y es un escollo para el desarrollo económico. Queremos trabajar para eliminar este impuesto, reconociendo que tendremos que buscar una fuente para sustituir los $237 millones anuales que se recaudan a través de este impuesto para los municipios.
Buscaremos congelar la responsabilidad contributiva de cada comerciante con respecto al impuesto al inventario durante un periodo de tiempo, para auscultar alternativas reales para eliminar este impuesto. Durante este periodo de congelación, los comerciantes podrán aumentar el volumen de bienes en sus inventarios sin que ello represente una carga contributiva mayor, atendiendo el problema de los niveles de abasto de los bienes de consumo.
La aplicación del impuesto al inventario es especialmente injusta cuando hablamos de los medicamentos con receta. Los medicamentos con receta no pagan IVU y por las mismas razones de política publica que no pagan IVU tampoco deben estar sujeto a ninguna contribución municipal. Nadie se toma un medicamento con receta por gusto, se lo toman porque es de vida o muerte y, como política pública debemos trabajar para aumentar las condiciones que proveen para mas disponibilidad, mas accesibilidad y menor costo.
Muchos de estos medicamentos, y en especial los especializados como los de HIV/SIDA y los de cáncer, son altamente costos. El tener que pagar un impuesto al inventario sobre estos medicamentos disuade que las farmacias tengan estos medicamentos disponibles de inmediato en su recetario y atrasan el despacho de estos a los pacientes.
Por otro lado, el impuesto al inventario pagado es un costo que la farmacia no puede pasarle al paciente y tiene que absorberlo de sus ganancias. Esta situación afecta de manera sustancial y desproporcionalmente a las farmacias de la comunidad, que el 90% de su venta provienen del recetario (medicamentos con receta) y solo un 10% de medicamentos sin receta y productos de piso.
Por lo tanto, vamos a trabajar para que se exima a los medicamentos por receta del impuesto al inventario lo antes posible.
Las Cuentas de Retiro Individual son programas de ahorro que permiten a los individuos ahorrar para el retiro con ventajas contributivas. Las aportaciones a estas cuentas son deducibles de la planilla y las ganancias que generan no pagan contribuciones hasta que el contribuyente retira el dinero. Desde el 2012, la aportación máxima anual a una IRA tradicional en Puerto Rico ha sido de $5,000 por contribuyente. El valor monetario de esta deducción cuando se legisló hace más de una década ciertamente no es el mismo que hoy. Por tanto, es necesario que los beneficios contributivos que proveen estas cuentas de ahorro se ajusten a la realidad actual que vivimos y se tome en consideración el aumento en el costo de vida en Puerto Rico.
Existe un vehículo de retiro con tratamiento similar para contribuciones federales, cuyo máximo anual es ajustado por el Internal Revenue Service (IRS) basado en la inflación. Este ajuste por Inflación lo que busca es minimizar la carga contributiva para los individuos ya que, todos los años, aumenta el costo de vida y el dólar vale menos. Desde el 2012, la aportación máxima permitida por el IRS ha sido mayor que la permitida en Puerto Rico. Para el 2024, la aportación máxima es de $7,000 por contribuyente o $8,000 si el contribuyente es mayor de 50 años.
Impulsaremos legislación para que la aportación máxima anual para las IRAs tradicionales en Puerto Rico sea ajustada automáticamente a la cantidad dispuesta por el IRS.
Las cuentas de aportación educativa (“IRAs educativas”) ayudan a ahorrar para la educación post secundaria de los hijos o nietos menores del contribuyente, deduciendo la aportación de su planilla. Los fondos ahorrados pueden utilizarse en el pago de matrícula, materiales y gastos relacionados a la educación del menor.
Ahora mismo, la aportación máxima es de $500 anuales por beneficiario. Aun ahorrando la aportación máxima permitida por 18 años, los ahorros son insuficientes para sufragar los costos de 1 año en la Universidad de Puerto Rico.
Por eso, impulsaremos legislación para aumentar la aportación máxima anual para las IRAs educativas a $1,000, cantidad que será ajustada anualmente por una cantidad igual al aumento que disponga el IRS para las IRAs tradicionales.
Las personas con discapacidades y sus familias dependen, en gran medida, de beneficios públicos para sus ingresos, atención médica, asistencia alimentaria y vivienda. La elegibilidad para estos beneficios públicos requiere cumplir unos límites de medios/recursos que restringen su elegibilidad, y muchas veces toman en consideración ahorros en efectivo, cuentas corrientes y algunos fondos de retiro. Esto obliga a las personas a continuar viviendo en la pobreza para no perder beneficios públicos que requieren para sobrevivir.
El Stephen Beck Jr. Better Living Experience Act of 2014, mejor conocida como la Ley ABLE, reconoce los costos adicionales y significativos de vivir con una discapacidad, incluyendo los costos de vivienda y transporte accesibles, servicios de asistencia personal, tecnología de asistencia y atención médica no cubiertos por el seguro, Medicaid o Medicare. La Ley ABLE permite que las personas elegibles y sus familiares establezcan cuentas de ahorro con fondos privados que, en gran medida, no afecten su elegibilidad para programas de beneficios federales.
Las cuentas ABLE son cuentas de ahorro con ventajas contributivas para personas con discapacidades y sus familias. El mismo beneficiario es el dueño de la cuenta y los dineros que se depositan en estas cuentas no están sujetos a impuestos. Cualquier persona puede hacer depósitos en la cuenta hasta un máximo anual (incluyendo, en ciertas situaciones, los patronos del beneficiario) e inclusive, algunos Estados permiten que los depósitos a las cuentas ABLE sean deducidos de la planilla del donante. Un beneficiario puede utilizar los fondos depositados en estas cuentas para cualquier gasto incurrido como resultado de su discapacidad que le que ayude aumentar su la independencia o a mejorar su salud o calidad de vida.
Aunque existen cuentas ABLE en 49 otras jurisdicciones de los Estados Unidos, estas no existen en Puerto Rico. Tampoco existen otras leyes para proteger los activos de personas con discapacidades y alentar el ahorro para el sustento de estas personas.
Proponemos impulsar legislación para viabilizar la creación de cuentas ABLE en Puerto Rico y para que los donativos a las mismas sean 100% deducibles de las planillas de los donantes.
El envejecimiento de la población en Puerto Rico presenta un desafío significativo, tanto a nivel social como económico. Los datos demográficos indican un aumento constante en la proporción de personas mayores, lo que conlleva una creciente necesidad de servicios de cuidado prolongado, mejor conocidos como Long Term Care (LTC). Este tipo de atención, esencial para la calidad de vida de las personas mayores que enfrentan condiciones crónicas incapacitantes, es costoso y a menudo está fuera del alcance de muchos ciudadanos debido a la falta de recursos financieros y alternativas accesibles.
Actualmente, el costo promedio mínimo de un cuidador en el hogar ronda los $28,000 anuales por un turno solo de 8 horas, mientras que un hogar privado puede costar no menos de $22,000 anuales y pueden llegar a los $80,000. Estos costos pueden aumentar considerablemente dependiendo de las condiciones de salud del individuo, lo que pone en riesgo los ahorros para el retiro acumulados a lo largo de los años, los cuales pueden desvanecerse en poco tiempo debido a estos gastos.
Ahora bien, existe una póliza de seguro de vida con un beneficio que reembolsa o indemniza gastos de cuidado a largo plazo y está diseñada para satisfacer las cambiantes necesidades de cuidado de sus clientes. Estas pólizas ofrecen beneficios garantizados de cuidado a largo plazo libres de impuestos, con acceso a una amplia gama de servicios cubiertos una vez usted cualifique y protección del legado, incluyendo bajo el mismo costo, un beneficio de seguro de vida libre de impuestos, en caso de que no se necesite cuidado en su lugar, fallecimiento.
Apoyaremos los esfuerzos de nuestra gente de planificar para su futuro financiero, permitiendo que las aportaciones a pólizas de seguros que incluyan un beneficio de LTC sean deducibles de sus planillas dentro de los mismos topes y bajo las mismas circunstancias de las cuentas IRA.
Los expertos recomiendan llevar a las mascotas al veterinario al menos una vez al año para un examen general en el que se evalúe la salud física del animal, su peso, condición dental, piel, ojos y oídos, así como posibles signos de enfermedades subyacentes. Para las mascotas de edad avanzada, los chequeos pueden ser recomendados con mayor frecuencia, como cada seis meses. También recomiendan una serie de vacunas esenciales, en su mayoría anuales, que protegen contra enfermedades comunes y graves; algunas de estas son requeridas por ley. Estas visitas y vacunas ayudan a prevenir enfermedades graves y detectan problemas de salud antes de que se conviertan en algo más serio, contribuyendo a una vida más larga y saludable para las mascotas.
El costo de la visita al veterinario para un examen anual, incluyendo vacunas y preventivos, puede exceder los $300 para un perro y $250 para un gato. Para muchas personas— especialmente aquellos adultos mayores que viven con ingresos limitados—, estos costos exceden sus recursos y, aunque velan por la salud de sus mascotas, no siempre costear estas visitas.
Para fomentar la salud de nuestras mascotas y prevenir situaciones de salud que resulten en gastos mayores, legislaremos una deducción en la planilla de individuo de hasta $300 anual por mascota para apoyar a nuestra gente con los gastos de las vacunas y exámenes anuales de sus mascotas. Una certificación de cumplimiento emitida por un veterinario será requisito para que el individuo pueda deducir de su planilla el gasto real que incurrió, hasta la cantidad provista en ley.
Para la gran mayoría de los individuos, toda la información que requiere para llenar su planilla de contribuciones sobre ingresos ya está en manos de Hacienda. El Departamento de Hacienda ya recibe la información de los ingresos de individuos a través de las planillas informativas los empleadores están obligados a radicar. También recibe información de los intereses hipotecarios y las aportaciones a las IRAs a través de las informativas que radican los bancos y las instituciones financieras.
Continuaremos facilitando la radicación de planillas de contribución de individuos, trabajando con el Departamento de Hacienda, mediante la población automática de información a la planilla digital del contribuyente, de manera que, si el contribuyente está de acuerdo, puede firmar y certificar la misma de inmediato; o puede corregir o añadir cualquier información y someter su planilla sin tener que pagarle a un tercero. Este mismo proceso puede simplificar y agilizar una planilla federal para solicitar el Child Tax Credit, si el crédito procede.
Ciertamente, unos de los mayores retos para el desarrollo económico sostenible en Puerto Rico es el costo y la facilidad de hacer negocios en la isla. Entre esos retos figura el costo de cumplir con sus responsabilidades contributivas ante el Estado. En esencia, mientras más difícil y complejo resulte a un negocio o empresa cumplir con sus responsabilidades contributivas, mayor la probabilidad de que un negocio o empresa incumpla con dichas responsabilidades. En cambio, mayor agilidad y simplificación en la administración de los impuestos y los servicios a negocios y empresas redunda en mayor cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes con sus obligaciones y responsabilidades. La complejidad tributaria es la suma del costo por cumplimiento, lo cual es incurrido directamente por los individuos y corporaciones, mientras que el costo administrativo es incurrido por parte del Gobierno.
En ese sentido, debemos aspirar a uniformar y simplificar los procesos para los negocios y empresarios en Puerto Rico puedan cumplir con los impuestos estatales y municipales a los que estén sujetos. En específico, una política pública que promueva centralizar en un portal unificado los trámites de registro, radicación y pago de patentes municipales, representa una oportunidad para facilitar el cumplimiento de los negocios con la patente municipal, reduciendo costos de cumplimiento y mejorando la fiscalización y captación de los impuestos municipales. Para esto es necesario uniformar y simplificar la forma y manera en que los gobiernos municipales administran la patente municipal, de manera que no exista interpretaciones o tratamientos disparejos entre cada municipio. Los negocios y empresas en Puerto Rico sujetos al pago de patente municipal indudablemente reconocen este impuesto como un costo de hacer negocios y lo toman consideración en su planificación y estrategias de negocios.
Una iniciativa de esta naturaleza busca no solo reducir el costo de hacer negocios en Puerto Rico, sino también maximizar los recaudos de impuestos municipales. Asimismo, esto no debe ir en detrimento de las facultades de los gobiernos municipales de administrar y manejar sus finanzas y recaudos municipales. Por tanto, se establecerán las estructuras que sean necesarias para que los recaudos que correspondan a los municipios se mantengan separados de los recaudos del Gobierno Central y sean remitidos directamente a los municipios.
Las organizaciones sin fines de lucro realizan una labor extraordinaria social y llenan necesidades que el gobierno no cubre. Aunque su fin no es el beneficio pecuniario de sus fundadores, por operar en Puerto Rico, estas entidades, entre otros requisitos legales, tienen que registrarse en el Departamento de Estado y en Hacienda y, además, solicitar una exención contributiva. Sin esta exención, los donativos que se le hacen a las entidades cuentan como ingresos tributables y los donantes no pueden deducirlo de sus planillas.
En muchas ocasiones, estas entidades se registran en el Departamento de Estado, pero desconocen sobre los otros pasos a seguir ante Hacienda para que se les reconozca que son exentas del pago de contribuciones sobre ingresos. Por otro lado, algunas entidades obtienen exenciones contributivas del IRS, desconociendo que esas exenciones no aplican al sistema contributivo de Puerto Rico.
Para facilitar los trámites para que las entidades sin fines de lucro puedan solicitar y obtener una exención contributiva, buscaremos alternativas para que los sistemas que se utilizan para registrar la entidad ante el Departamento de Estado sean interconectables con los de Hacienda de modo que ambas transacciones puedan llevarse acabo a la misma vez. De este modo, los trámites de registro para las organizaciones sin fines de lucro generarán automáticamente una solicitud de exención contributiva para las entidades elegibles.
Por otro lado, alinearemos nuestra legislación contributiva para que las exenciones federales que se le conceden a estas entidades puedan ser automáticamente convalidadas en Puerto Rico, reduciendo los trámites que estas entidades tienen que llevar a cabo.
La Ley 60 actualmente incluye mecanismos y procedimientos de fiscalización que deben resultar de beneficio si son implementados de manera efectiva. Por lo tanto, no es necesario legislación para añadir disposiciones, sino, que se debe dirigir recursos suficientes al DDEC para que pueda ejecutar las disposiciones existentes en ley. Estos recursos deben ser costeados directamente de las personas beneficiadas por los decretos.
La Ley 60 actualmente establece que un Profesional de Cumplimiento (CPA o abogado) debe evaluar cada 2 años las operaciones del beneficiario del decreto para confirmar la información radicada ante el DDEC, verificar que se ha cumplido con los requisitos del decreto y emitir una Certificación de Cumplimiento y recomendar multas o penalidades en caso de incumplimiento (o suspensión, revocación o nulidad del decreto). La intención del Certificado de Cumplimiento por parte de un tercero externo del sector privado respondió a la falta de recursos en las agencias para llevar a cabo estas gestiones.
Para reforzar los esfuerzos de fiscalización de los decretos expedidos, es nuestra intención dirigir mayor presupuesto para la contratación de recursos bajo la autoridad del DDEC para auditar y reglamentar a estos contribuyentes, y transferir estos gastos al propio beneficiario de decreto. De esta manera, podemos identificar los decretos que no están en cumplimiento y proceder a revocar los mismos e imponer las penalidades que procedan en Ley.
El 42% del presupuesto aprobado para el año fiscal 2024 proviene de fondos federales ($13,265 millones).
Aunque los fondos federales presupuestados para el año 2024 son un 15% más que los presupuestados para el año fiscal 2023 y un 29% más de lo gastado en el 2021, cuando comparamos la cantidad de grants obtenidos por las agencias centralizadas cuyas cuentas se manejan en Hacienda, lo que notamos es una disminución constante en el número de grants y, en especial, en el número de los grants competitivos.
Cantidad de Grants por Año
Esta baja se debe mayormente a que las agencias, municipios y corporaciones públicas han cerrado sus oficinas de fondos federales, que ya no tienen el personal especializado en fondos federales, o que han contratado a entes externos para solicitar y manejar los fondos federales que no tienen el expertise necesario para hacerlo efectivamente. Lo que está ocurriendo es que se continúan solicitando los mismos fondos y radicando las mismas propuestas año tras año sin intentar identificar grants adicionales que podrían estar disponibles para atender las necesidades del Pueblo.
Para atender esto, proponemos la creación de la Oficina de Capacitación y Apoyo en Fondos Federales (OCAF) para identificar oportunidades federales, capacitar y adiestrar recursos en las agencias y municipios para solicitar fondos federales, mejorar el cumplimiento con los programas federales e incrementar las renovaciones de los fondos adjudicados. Esta oficina:
Esta oficina no será un COR3, que secuestre los fondos federales y atrase los procesos para que los recipientes obtengan los fondos. Se trata de una oficina para fomentar y aumentar la capacidad de las diferentes entidades para solicitar, obtener y manejar los fondos federales de manera exitosa. Mientras comiencen a mermar las responsabilidades del COR3 y las de Vivienda con fondos de desastre, tendremos una fuente de personas altamente capacitadas en todos los aspectos de los procesos de fondos federales que pueden integrarse tanto a la OCAF como a las agencias, a los municipios y a las corporaciones públicas para fortalecer nuestros esfuerzos para obtener fondos federales.
Ahora mismo, no tenemos un equipo en Hacienda que tenga visibilidad sobre todos los procesos que tocan los fondos federales de las agencias y que sea responsable de actuar proactivamente con la información que existe para que no se pierdan los fondos y para que las agencias soliciten los reembolsos oportunamente.
Entre el año fiscal 2020 y el 2023, las agencias cuyas cuentas se manejan en Hacienda recibieron notificaciones de asignaciones de fondos federales por la cantidad total de $47,427 millones. De esto, se gastaron $38,830 millones, dejando $8,263 millones en la mesa. De estos, $4,315 millones corresponden a grants vencidos, o sea, para los cuales expiró el término concedido por la agencia federal para gastarlos. Las tres agencias con mayores balances de fondos vencidos no utilizados son el Departamento de Educación ($2,415 millones), el Departamento de Salud ($1,314 millones) y la Administración de Desarrollo Socioeconómico ($203 millones). Esto corresponde a oportunidades perdidas de ayudar a nuestra gente, lo que es totalmente inaceptable.
Por otro lado, las agencias cuyas cuentas se manejan en Hacienda mantienen un balance de cash disponible en negativo (o sea, un sobregiro) que totaliza $1,127 millones. Estos sobregiros usualmente surgen cuando las agencias gastan los fondos correspondientes a los fondos federales asignados, pero no gestionan el reembolso de estos fondos al gobierno federal. Las tres agencias con mayores sobregiros lo son el Departamento de Salud ($628 millones), la Administración de Desarrollo Socioeconómico ($228 millones), y el Departamento de Educación ($119 millones). Esto corresponde a dinero que se gastó que puede que no podamos recuperar del gobierno federal.
El Departamento de Hacienda tiene la visibilidad para monitorear la disponibilidad, el uso y el reembolso de los fondos federales aprobados a las agencias centralizadas. Sin embargo, al tener las funciones relacionadas a fondos federales separadas entre los distintos Negociados, Divisiones y Secciones del Área de Finanzas Públicas, se hace complicado el mantener un monitoreo efectivo del uso de estos fondos por las agencias.
También existen entidades gubernamentales con independencia fiscal, que manejan sus cuentas de fondos federales fuera de Hacienda, lo que dificulta la supervisión del estatus de su uso y su fiscalización efectiva. Por ejemplo, a diciembre de 2023, la Autoridad de Transporte Integrado— que maneja sus fondos fuera de Hacienda— tenía asignados fondos federales por la cantidad $194.33 millones para utilizarse entre el año fiscal 2024 y el 2027. No obstante, se ha proyectado el uso en ese periodo de solo $175.32 millones, dejando $18.98 millones en riesgo de no ser utilizados. Hay que añadirle a eso que se proyecta un sobrante de fondos federales en la AMA de $558,000 para el año fiscal 2024.
El tener que devolver fondos federales no utilizados, mal utilizados o mal documentados afecta las oportunidades futuras de obtener más fondos. Además, le roba a nuestra ciudadanía de las oportunidades para cuales se concedieron esos fondos.
Para corregir esto, se ampliará el alcance de la orden ejecutiva que establece al Chief Financial Officer del Gobierno para delegarle la responsabilidad sobre la supervisión y el manejo contable de los fondos federales en las cuentas del Departamento de Hacienda. Esto le permitirá nombrar el personal y formular los procesos necesarios para asegurar que se usen los fondos federales, incluyendo: