We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.
Hermanas y Hermanos Progresistas:
En esta ocasión me dirijo a ustedes como candidato a Comisionado Residente. Para mí ha sido un placer compartir contigo durante esta trayectoria desde que anuncié mi candidatura en el 2023, y un honor de contar con tu apoyo para convertirme en el candidato del Partido Nuevo Progresista.
Este es un momento crucial para nuestro futuro. Es por eso que comparto contigo el Programa de Gobierno de nuestro Partido en el cual te presentamos las ideas y propuestas que estaremos trabajando por tu bienestar, el de tu familia y el del Pueblo de Puerto Rico. Nuestra gente necesita un gobierno que entienda las necesidades que enfrentas y que esté dispuesto a transformar las palabras en acciones concretas para atenderlas. El Partido Nuevo Progresista, es el único que cuenta con un equipo de hombres y mujeres capacitados para lograrlo.
Puerto Rico se encuentra en un momento histórico en el cual no podemos dejar en manos de la inexperiencia importantes asuntos como la reconstrucción de energética, la lucha por los fondos de Medicaid, el salir de la imposición de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, la implementación de los miles de proyectos con fondos federales, la transición al SNAP, entre otros.
Toda mi vida profesional he luchado por tus derechos. Mi vocación como servidor público es incuestionable. Mi compromiso por representarte dignamente en la Capital Federal es una extensión del trabajo que he venido haciendo desde hace varios años, donde he tenido la oportunidad de trabajar con administraciones republicanas y demócratas. En mis funciones como Senador, he estado realizando esfuerzos con la Administración del Seguro Social, el Departamento de Salud federal, el Departamento de Educación federal, el Departamento de Energía federal, defendiendo tus derechos y exigiendo que provean servicios de calidad.
En estas páginas, quiero reafirmar mi compromiso de representarte dignamente en la Capital Federal, en donde, a partir de enero, con el favor de Dios y del Pueblo, iré a trabajar incansablemente para lograr un Puerto Rico de igualdad para todos los ciudadanos americanos que vivimos aquí. Como tu Comisionado Residente, mi prioridad será lograr que todo hijo de esta tierra tenga las mismas oportunidades que tienen los conciudadanos de otros estados sin tener que abandonar nuestra amada tierra caribeña; y que logremos crear las condiciones para que los miles de puertorriqueños que se han ido regresen a su casa.
Este próximo 5 de noviembre al llegar a las urnas, te pido deposites tu confianza en el único equipo que le dará la gran victoria a Puerto Rico marcando una sola cruz debajo de la palma en las tres papeletas; para que junto a Jenniffer González en la gobernación, este servidor como tu Comisionado Residente en Washington, nuestros líderes en el Senado y la Cámara de Representantes y con la ayuda de nuestros alcaldes, logremos poner en marcha iniciativas que sean de beneficio todos los puertorriqueños.
Por ti, por tu familia y por Puerto Rico; ¡Vamos al futuro!
Que Dios te bendiga,
William E. Villafañe Ramos
Desde que anuncié mi candidatura a Comisionado Residente he estado compartiendo contigo, participando de reuniones con distintos grupos y asociaciones, he visitado tu casa, tu municipio, escuchado tus preocupaciones y trabajando junto a un grupo de profesionales, quienes comparten mi visión y me han ayudado a elaborar las propuestas que en esta sección te presento. Este documento no tiene todos los detalles, ni esboza todas las estrategias e ideas con las que estaremos trabajando. Al revisarlo, podrás observar cómo atiendo los problemas y situaciones que te preocupan. Hemos dividido en temas las propuestas para facilitar su revisión, y las puedas leer en el orden que desees.
Estas propuestas incluyen mi compromiso de continuar con el trabajo que ha realizado nuestra actual Comisionada Residente y próxima Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, con quien tengo el honor de compartir papeleta. Notarás también que he adoptado varias de las propuestas del precandidato a la Comisaría Residente, Elmer Román, como muestra de respeto al trabajo que junto a su equipo te presentó; y quien me ha expresado todo su apoyo a mi candidatura.
Conoces que me caracterizo como una persona conciliadora, que trabaja en equipo, y lo anterior es muestra de cómo todos podemos, y debemos, pasar la página y enfocarnos en el bien mayor que es Puerto Rico. En el Senado he sido coautor de proyectos con senadores del Partido Popular Democrático, de Proyecto Dignidad y del Movimiento Victoria Ciudadana. Todo esto lo hago porque mi compromiso y deber es con Puerto Rico.
La estadidad para Puerto Rico es la única manera de garantizar igualdad plena para todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico, en particular nuestros adultos mayores, pensionados y veteranos. Muchos de nuestros hermanos viven fuera de la Isla por los beneficios que tienen en los 50 estados de la nación americana. Estoy convencido, que, si en Puerto Rico tuvieran los mismos beneficios y servicios de salud, regresarían a su Isla a vivir su vejez y disfrutar de su tierra.
Sin embargo, ante la disparidad en servicios, no pueden regresar pues sus ingresos, atención a la salud y calidad de vida no están garantizadas. Es momento de tomar acción y devolver la esperanza a los millones de puertorriqueños que viven en los 50 estados, de regresar a la Isla si así lo desean, sin tener el temor de perder los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria y otros tantos servicios. De igual manera, a los veteranos, pensionados y adultos mayores que viven en Puerto Rico, se les debe garantizar acceso igualitario en todos los programas federales como Medicare, Medicaid, y TRICARE Prime, y que no sufran de las disparidades que padecemos en estos momentos los residentes de la Isla.
Es por esta razón que impulsaremos nuevamente un proyecto de estatus bipartita, junto con los congresistas que han apoyado nuestra causa e identificaremos maneras creativas de buscar nuevos aliados y co-sponsors para lograr un compromiso genuino en alcanzar la descolonización de Puerto Rico a través de un proceso ordenado y legítimo aprobado por el Congreso.
Como habrán podido notar, nuestra campaña se ha dedicado a la búsqueda de propuestas que utilicen estrategias diferentes para darle mayor visibilidad a los temas que afectan a los sobre 3.2 millones de ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. Hemos desarrollado dos herramientas que utilizaré para lograr adelantar la lucha por la Igualdad y por los derechos e intereses de los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico. Permítanme hablarte un poco de ellas.
Activaremos directamente a miembros de ambas cámaras legislativas federales creando alianzas con estos para que participen activamente de la discusión de estos temas. Nuestra propuesta se basa en la creación de una Organización de Miembros del Congreso (CMO: Congressional Member Organization). En este caso específico un caucus bipartita, el cual estaremos llamando el Puerto Rico Bipartisan Congressional Caucus o el Puerto Rico Caucus y el mismo estará enfocado en atender únicamente temas relacionados a Puerto Rico.
La creación de este caucus congresional, permitirá una mayor atención y acción legislativa sobre temas de mayor importancia para los puertorriqueños como la salud, la educación, la seguridad, el estatus y el desarrollo económico entre otros.
El Puerto Rico Bipartisan Congressional Caucus, o Puerto Rico Caucus estará compuesto por miembros de ambos partidos nacionales y buscaremos la participación de miembros de la Cámara y el Senado federal con el propósito de ampliar el alcance de los temas. Como todo caucus, el Puerto Rico Caucus, buscará crear estrategias para promover legislación o la inclusión en legislación importante que beneficie a los puertorriqueños que vivimos en la Isla. También se encargará de educar a otros miembros de ambas cámaras sobre estos temas con el fin de lograr la mayor cantidad de apoyo y colaboración por parte de ellos. De igual forma cumplirá con su deber de celebrar reuniones y actividades periódicas para atender estos temas. Para beneficio de nuestros constituyentes y de todos los que estén interesados en los temas que se estarán atendiendo en el caucus, se crearán informes de progreso que estarán accesibles a la ciudadanía.
Por su parte, la Red 435 nos permitirá avanzar causas y proyectos que favorezcan a Puerto Rico. Como parte de esta propuesta ciudadanos voluntarios formarán parte de 435 comités, uno por cada distrito congresional, para identificar y abogar ante cada congresista a través de electores de su distrito, áreas en las que podemos colaborar y que apoyen medidas que favorezcan a Puerto Rico.
Es una iniciativa que busca expandir el alcance de la oficina del Comisionado Residente de Puerto Rico, facilitando la colaboración y el apoyo desde todos los distritos para asuntos críticos que afectan a la Isla, como la estadidad, la igualdad en programas federales como Medicare y la Seguridad del Ingreso Suplementario (SSI), y la reconstrucción tras desastres, entre otros.
Tenemos un firme compromiso por obtener un trato igualitario en aquellos fondos donde hoy somos tratados de manera distinta. Pero también tenemos un profundo interés en lograr obtener mayores fondos para Puerto Rico, compitiendo en aquellos casos donde los fondos sean accesibles por medio de competencia con otros estados. No tengo duda de que los puertorriqueños, nuestras instituciones educativas, las organizaciones sin fines de lucro, las entidades gubernamentales y las organizaciones de base de fe comunitarias, tenemos el conocimiento y las destrezas para competir y obtener fondos para brindar servicios a nuestras comunidades utilizando fondos federales competitivos.
El trabajo que ha hecho nuestra actual Comisionada Residente y futura Gobernadora, Jenniffer González, con relación a los fondos federales es titánico. Logrando que se concedan una cantidad de fondos nunca antes vista. Mi compromiso es continuar luchando de igual manera para que cada vez recibamos mayores subvenciones en fondos federales.
Como Comisionado Residente, serviré como enlace entre el Gobierno estatal, municipal, agencias federales y oficinas como la Oficina de Contraloría General (GAO) para identificar las barreras y burocracias que continúan afectando la recuperación de Puerto Rico de sus desastres naturales. De igual forma, fomentaré las reuniones con el liderato de las agencias federales, tales como: FEMA, HUD, DOE, EPA, Educación, entre otras, para asegurar que todas entiendan los retos existentes en Puerto Rico y la excesiva burocracia identificada de cada una de las agencias federales, las cuales atrasan el buen y ágil uso de los fondos. Esto fomentará acuerdos de colaboración para mejorar la coordinación entre agencias estatales y federales y continuará agilizando el proceso de recuperación.
Como parte de los esfuerzos debemos estar preparados para desastres futuros. Es por esto que buscaremos lograr el que FEMA pueda cubrir hasta el 100% de los proyectos críticos, y establecer parámetros claros de cuáles son esos proyectos y en qué circunstancias se aplicaría. De igual forma establecer que FEMA acepte el global match para la asistencia pública, similar a como se hace con el programa de Hazard Mitigation. También impulsaremos la uniformidad en los requisitos de revisiones ambientales entre las agencias federales para evitar disparidad en la implementación de cada agencia con los requisitos y disposiciones de la NEPA.
Como parte de nuestro compromiso de agilizar la reconstrucción de Puerto Rico, estaremos utilizando los requerimientos congresionales para fiscalizar la gestión de las agencias directamente relacionadas con la reconstrucción como FEMA, Departamento de Energía federal y Departamento de la Vivienda federal.
El poder de requerimientos congresionales es un mecanismo poderoso que permitirá fiscalizar de cerca a las agencias federales y su labor y desempeño que afectan a los puertorriqueños. Esta herramienta puede basarse en peticiones de información, reportes, estatus de subvenciones o proyectos. Imaginen poder utilizar estos requerimientos de información para solicitar a HUD y a FEMA como van los trabajos de reconstrucción de la Isla con los fondos de los huracanes Irma y María, o los Terremotos; o al DOE para solicitar el estatus de los programas para energía.
Las investigaciones congresionales son una herramienta importante que permiten al legislador cumplir con sus deberes legislativos. En nuestro caso la utilizaremos para reunir información, supervisar agencias federales y asegurar la transparencia y rendición de cuentas en asuntos que afectan a Puerto Rico. Estas herramientas se pueden utilizar para lograr:
Una de las lecciones aprendidas luego del paso de los huracanes Irma y María, es el tiempo que puede demorar la asignación de fondos por parte del gobierno federal 0 y comenzar el proceso de la recuperación. Es por esta razón que buscaremos que se cree de forma permanente una Oficina de Recuperación en el Departamento de Vivienda federal (HUD).
Esta propuesta busca impulsar y apoyar legislación federal donde las comunidades que tengan algún impacto por desastres comiencen el proceso de recuperación inmediatamente. La Ley de Recuperación de Desastre busca ayudar a fortalecer al Departamento de Vivienda federal en el proceso de recuperación de desastre a nivel de los estados, territorios, municipios y tribus, autorizando el programa CDBG-DR. Se busca atender el problema del tiempo prolongado que toma desde que ocurre un desastre y el Congreso aprueba legislación asignando fondos de emergencia al Departamento de Vivienda federal, hasta que finalmente este hace los fondos disponibles por medio del programa CDBG-DR. Actualmente, las comunidades están forzadas a esperar a que el Congreso atienda y pase un proyecto de fondos para desastres antes de que Vivienda federal pueda ayudar.
Existe legislación en la Cámara como en el Senado federal que fomenta la creación de la Oficina de Recuperación permanente a nivel federal. Sobre esta propuesta ya cursé comunicación con el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, en específico al Presidente Sherrod Brown, para que Puerto Rico sea incluido como parte del Reforming Disaster Recovery Act (S.1686). Como mencioné los fondos federales, pueden autorizarse mediante acuerdos de subvención por encima del año posterior a que ocurrió el desastre, tener una cantidad asignada, puede poner la rueda a correr y agilizar los planes de trabajo y coordinación con las agencias federales para comenzar la recuperación en menor tiempo al que toma actualmente.
En cuanto a los fondos federales a base de competencia, las entidades sin fines de lucro fungen un rol importantísimo. Se estima que sobre 700 mil personas brindan servicios voluntarios en alguna organización sin fines de lucro, y que existe un promedio de 50 voluntarios por ONG, según Estudios Técnicos (2022). Estos voluntarios representan alrededor de 45,000 empleos a tiempo completo, lo cual equivale a una aportación estimada de $1,231 millones en la economía. Por otro lado, las organizaciones sin fines de lucro generan alrededor de 100,000 empleos directos, lo cual representa el 15% del empleo total en Puerto Rico, producen una nómina de más de $3 mil millones y contribuyen al más de 5% del producto interno bruto.
Las organizaciones sin fines de lucro son importantes para el desarrollo socio-económico de Puerto Rico e indispensables para el empoderamiento comunitario y la participación ciudadana. Promueven la inclusión, la equidad y el apoyo mutuo y solidaridad comunitaria. Son la voz de las comunidades y poblaciones desventajadas ante el Gobierno. Promueven la economía local no sólo por los servicios que ofrecen en comunidades en desventajas económicas, pero también porque son una fuente significativa de empleos tanto para profesionales como para personas que en otros sectores no serían contratados. Además, con los programas de apoyo a individuales emprendedores o de microempresas y cooperativas comunitarias, brindan las herramientas necesarias para fomentar la movilidad social de los individuos en busca de una mejor calidad de vida. Las organizaciones sin fines de lucro son agentes cruciales de cambio y pilares fundamentales para el bienestar de la sociedad puertorriqueña.
Es por esta razón que desde la capital federal estaré impulsando varias iniciativas para apoyar el desarrollo y crecimiento de estas entidades, como, por ejemplo:
La Junta de Supervisión y Administración Financiera, y su control excesivo sobre los asuntos de Puerto Rico, en ocasiones obstaculiza la labor gubernamental. Por otra parte, la ley PROMESA contiene una serie de disposiciones y poderes que la Junta de Supervisión y Administración Financiera no ha estado utilizando a favor de Puerto Rico.
Es por esta razón que estaremos, no tan solo utilizando los Requerimientos Congresionales para fiscalizar la labor de la Junta, sino que estaremos promoviendo legislación donde se le ponga una limitación clara, no sujeta a la discreción de la propia Junta, que de manera certera establezca su salida. También estaremos exigiendo que utilice las disposiciones contenidas en la Ley PROMESA para buscar agilizar el proceso de permisología y autorizaciones de las agencias federales.
En el contexto de la crisis energética que afecta tanto la calidad de vida como el desarrollo económico en Puerto Rico, es crucial abordar el deterioro y la obsolescencia de nuestra infraestructura eléctrica. La red eléctrica de Puerto Rico, que ha sido severamente dañada por eventos climáticos extremos, especialmente desde el huracán María en 2017, se encuentra en una situación crítica. A pesar de los esfuerzos de restauración, gran parte de la infraestructura no ha sido completamente modernizada, lo que la deja expuesta a apagones frecuentes y fallos.
Puerto Rico enfrenta una dependencia significativa de combustibles fósiles importados para la generación de electricidad. Este modelo no solo resulta costoso, sino que también es insostenible a largo plazo. Las fluctuaciones en los precios del petróleo impactan directamente en los costos de electricidad en la isla, creando una carga económica adicional para los residentes y las empresas locales.
La combinación de una infraestructura obsoleta, una gestión inadecuada y factores ambientales contribuye a la frecuencia de apagones, que no solo deterioran la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tienen efectos adversos en la economía local. Los desastres naturales recurrentes, como los huracanes, exacerban estos problemas al causar daños extensos a la red eléctrica, y la recuperación de estos eventos suele ser lenta, dejando a muchas comunidades sin electricidad durante períodos prolongados. Aunque, por otro lado, se han hecho esfuerzos para aumentar el uso de energías renovables, el progreso ha sido lento. La ley de energía de Puerto Rico establece metas para la adopción de energías renovables, pero la implementación ha sido insuficiente debido a barreras regulatorias, falta de inversión y otros desafíos.
Me enfocaré en la fiscalización para garantizar que las agencias federales utilicen los fondos de recuperación de manera eficiente y efectiva. Esto incluye la revisión periódica de los procesos y gastos, y, de ser necesario, convocar a estas agencias al Congreso para que rindan cuentas sobre el uso de los recursos y la progresión de los proyectos de modernización.
Trabajaré de manera estrecha con el Departamento de Energía, FEMA, HUD y otras agencias federales relevantes para agilizar la estabilización del sistema eléctrico como primer e inmediato paso para lograr mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Además, buscaremos asegurar que los planes de modernización energética en Puerto Rico cumplan con los estándares y regulaciones federales. Esta colaboración debe enfocarse en la alineación de los proyectos con los requisitos técnicos, la eliminación de burocracia y la agilidad en el uso de los fondos. Establecer mecanismos para la resolución rápida de problemas y la eliminación de obstáculos que puedan retrasar los proyectos.
Promover la implementación de incentivos federales para fomentar la inversión en energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovable en Puerto Rico. Estos incentivos deben incluir beneficios fiscales, subsidios y programas de financiamiento que faciliten la adopción y expansión de tecnologías limpias y sostenibles en la Isla. promoviendo un entorno favorable para el desarrollo económico y la creación de empleo.
Estas propuestas buscan asegurar que Puerto Rico pueda avanzar hacia una infraestructura energética moderna, sostenible y resiliente, beneficiando a todas sus comunidades a través de una gestión eficaz de recursos y una colaboración sólida entre los diferentes niveles de gobierno y el sector privado, creando una base sólida para un desarrollo económico sostenible en Puerto Rico.
En cuanto al tema de energía, infraestructura y reconstrucción, se deben mejorar los procesos para eliminar la burocracia excesiva de las agencias del gobierno federal que añaden trámites irrazonables en la reconstrucción de Puerto Rico. Por ejemplo, el que para las servidumbres de energía eléctrica donde se requiere preparar el terreno para el desganche y poda, se obligue a realizar una consulta arqueológica para poder realizar los trabajos tan necesarios para la reconstrucción, no parece razonable cuando analizamos los miles de millas de servidumbre donde es necesario realizar el trabajo. Esta situación representa una buena oportunidad para trabajarse como un proyecto piloto para evaluar la magnitud del efecto de la burocracia y los beneficios al eliminarla.
Actualmente, el Departamento de la Vivienda federal (HUD) exige que se realice una revisión ambiental previo a otorgar cualquier subvención de fondos. Debido a la magnitud de la subvención que recibió Puerto Rico, la cantidad de solicitantes y beneficiarios de los programas, las características ambientales de Puerto Rico, la fecha de construcción de los edificios y residencias y la ubicación de estos, y la limitación de profesionales que realicen está revisión. La revisión ambiental añade tiempo considerable previo a obtener la aprobación de los fondos bajo los programas CDBG DR y CDBG MIT.
Si bien todas las agencias federales deben cumplir con la NEPA, el alcance y la naturaleza de las revisiones ambientales se adaptan a sus misiones y actividades específicas. En escenarios donde no haya impacto ambiental se debe permitir que HUD adopte estos cambios en regulaciones para facilitar y agilizar la erogación de fondos y que la ayude llegue de manera más inmediata a los ciudadanos, negocios y agricultores. Se han presentado proyectos similares en el Congreso, los cuales estaremos apoyando. Se busca identificar las herramientas necesarias para asegurarnos cumplimiento con el NEPA se debe analizar la manera de lograr un proceso ágil y flexible que impulse, fomente y agilice la recuperación en todos los estados, incluyendo Puerto Rico.
El Departamento de Energía, entre otras agencias federales, tienen múltiples programas de energía que están disponibles para Puerto Rico y en los cuales aún no estamos participando. Es por está razón, que realizaremos esfuerzos con esas agencias federales para lograr que Puerto Rico tenga mayor participación, y lograr obtener mayores fondos para la reconstrucción y estabilidad del sistema eléctrico de la Isla. Algunos de esos programas podrían ser Community Change Grants Program de la EPA, Home Energy Rebates, Home Electrification and Appliance Rebates, Home Efficiency Rebates, Grid Resilience State/Tribal Formula Grants Program, Grid Resilience and Innovation Partnerships (GRIP) Program, Energy Efficiency and Conservation Block Grant (EECBG) Program, Domestic Manufacturing Conversion Grants for Electrified Vehicles: State and Medium Sized Manufacturers (SMMs), Assistance for the Adoption of the Latest and Zero Building Energy Codes, Connected Communities 2.0: Innovations to Manage Growing Transportation, Building, and Industrial Loads to the Grid, entre otros.
En particular, queremos trabajar de la mano con el Departamento de Energía federal para asegurarnos que la meta de aumentar la resiliencia energética de la Isla se cumpla, asistiendo particularmente a los residentes vulnerables de Puerto Rico.
Como comisionado residente me enfocaré en conseguir mayores fondos federales para pequeños negocios. Estos negocios son el motor de nuestra economía, y gestionaremos mayores incentivos federales para ellos.
De acuerdo con el reporte presentado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) en febrero de 2024, en Puerto Rico el número de establecimientos PyMEs (Microempresas, Pequeñas y Medianas empresas) durante el año 2021 aumentó a 43,962. Lo que representa un alza de 10.5% comparado con el año anterior. Las PYMES representan el 95.5% de los patronos en Puerto Rico, con 305,128 personas empleadas en el 2021. Al comparar estos datos con el año anterior, representa un aumento de 8.7% o 24,333 empleos adicionales.
Parte del aumento registrado en el 2021 se debe a la extraordinaria recuperación en la actividad económica, impulsada significativamente por un mercado laboral en alza, unos niveles de producción no vistos en al menos una (1) década, ventas al por mayor y al detal en aumento a pesar de la crisis inflacionaria, y un mayor nivel de comercio nacional e internacional. Además de la liberalización de las medidas y restricciones de la pandemia, y las transferencias federales para atender esta crisis salubrista, estimularon crecimiento económico. Los trabajos realizados por la administración del Partido Nuevo Progresista para la reestructuración del crédito y las finanzas públicas han contribuido a una mayor fluidez y flexibilidad fiscal para atender esta crisis de 2020 y 2021 y promover una política fiscal expansiva para estimular la actividad económica en lo que el sector privado se repone de la Pandemia. Estos detalles fueron obtenidos del Informe del DDEC sobre el estado de situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico para el año 2021.
Por eso es crucial continuar identificando oportunidades para los pequeños negocios. Una de las maneras es aumentando la participación de las PyMES en la contratación federal.
A pesar de su potencial, la participación de Puerto Rico en la contratación federal cae significativamente por debajo del promedio nacional. Las empresas puertorriqueñas enfrentan desafíos para acceder al vasto mercado de contratación federal, que actualmente captan menos del 0.1% de su valor. Además, a pesar de las fluctuaciones, el valor total de los contratos adjudicados en 2023 fue el más bajo de los últimos seis años. Por otra parte, el número de empresas se ha reducido en un 25% si comparamos el 2019 con el 2023.
Apoyaremos al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) desde nuestras oficinas, para que puedan tener los recursos necesarios para fomentar la participación de nuestras empresas a través de:
La industria aeroespacial en Puerto Rico, respaldada por el sólido historial de manufactura avanzada de la Isla, está a la vanguardia en innovación y desarrollo económico. Gracias a una fuerza laboral altamente capacitada, una infraestructura de primer nivel y atractivos incentivos fiscales, el sector posee un gran potencial de crecimiento, especialmente en el área oeste de Puerto Rico.
Desde el Congreso, colaboraré con organizaciones como el Instituto Aeronáutico y Aeroespacial de Puerto Rico (AAIPR), el Consorcio de Tecnología Aeroespacial de Puerto Rico, el Laboratorio Aeroespacial Politécnico, el Laboratorio de Educación Aeroespacial (AEL) y el Centro de Ingeniería Aeroespacial y de Sistemas No Tripulados (CAUSE). Juntos, estableceremos alianzas con el gobierno federal, especialmente con el Departamento de Defensa y la NASA, así como con empresas multinacionales de ingeniería aeroespacial, para posicionar a Puerto Rico como el destino ideal para el desarrollo de esta industria.
Puerto Rico ha sido, a lo largo de su historia, un destacado centro de manufactura en el Caribe. Gracias a su ubicación estratégica, acceso a mercados internacionales y una fuerza laboral altamente capacitada, la Isla ha sobresalido en la producción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos químicos, electrónicos y textiles, entre otros. La industria manufacturera ha jugado un papel crucial en el crecimiento económico de Puerto Rico, generando empleos bien remunerados y contribuyendo significativamente a la diversificación y estabilidad económica de la Isla.
Actualmente existe legislación ya radicada que utilizaremos como base para presentar en el nuevo Congreso federal. Nuestro objetivo es incluir a Puerto Rico, y otros territorios como opción viable para que las empresas manufactureras amplíen sus operaciones o se establezcan en la Isla. Esto se logrará a través de legislación federal que ofrezca incentivos fiscales y de inversión, así como beneficios basados en la generación de empleos en Puerto Rico. La legislación presentada ante el Congreso 118 es el Medical Manufacturing Economic Development and Sustainability Act (MMEDS Act).
De igual forma, continuaremos conversaciones con los miembros del Congreso, para lograr enmendar la legislación CHIPS and Science Act, para que la Isla sea considerada como un destino para empresas multinacionales de alta tecnología. El objetivo es fortalecer la cadena de suministro de los Estados Unidos, que actualmente depende en gran medida de importaciones de países como China, y recuperar el liderazgo estadounidense en la innovación y fabricación de semiconductores, fundamentales para las tecnologías críticas y avanzadas, como la inteligencia artificial.
Puerto Rico podría desempeñar un papel aún más destacado en la industria de carga aérea gracias a su ubicación estratégica en el Caribe. Una de las principales ventajas de la isla en este sector es su proximidad, que la convierte en un puente clave hacia importantes mercados en Norteamérica, América Central, Suramérica y el resto del Caribe. La industria de carga aérea en Puerto Rico se centra principalmente en productos farmacéuticos, dispositivos médicos y electrónicos, entre otros. En particular, el sector farmacéutico es un motor crucial para el tráfico de carga aérea, ya que numerosas empresas farmacéuticas tienen operaciones en la Isla y dependen del transporte aéreo para la entrega puntual de medicamentos críticos y productos de atención médica.
En 2020, el Departamento de Transportación federal aprobó administrativamente una exención de dos años para las leyes de cabotaje relacionadas con carga y transporte aéreo de pasajeros en Puerto Rico. La misma fue extendida hasta finales del 2024.
Siguiendo el ejemplo de Alaska, proponemos presentar legislación para hacer permanente la exención otorgada en 2020, con el objetivo de convertir a Puerto Rico en un centro de carga aérea. Esto fortalecería el posicionamiento de la Isla en la cadena global de suministros, generaría un impacto positivo en la economía local con un incremento anual de más de $400 millones en importaciones y exportaciones, y crearía aproximadamente 6,000 nuevos empleos en toda la Isla.
El impuesto sobre el ron genera aproximadamente $900 millones en transferencias federales para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Según la legislación actual, gran parte de los impuestos recaudados sobre el ron producido en Puerto Rico y vendido en Estados Unidos se transfiere al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Estos fondos se utilizan, en parte, para promover el desarrollo económico y financiar el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. No obstante, este reembolso no es permanente y requiere la reautorización periódica del Congreso. Promoveré la aprobación de una legislación que haga permanente este reembolso y que devuelva a Puerto Rico la totalidad del impuesto recaudado. Por otra parte, buscaremos expandir la aplicación de está legislación para que industrias de rones artesanales se beneficien de la misma, y con esto, continuar fomentando el desarrollo económico.
Todos conocemos la gran aportación que realizan nuestros hermanos y hermanas de países vecinos que han escogido a Puerto Rico como su lugar de residencia, independientemente de su estatus migratorio. Continuaremos los esfuerzos que ha realizado nuestra actual Comisionada Residente y futura Gobernadora de Puerto Rico para que se aumenten la cantidad de visas H2B.
Buscaremos la autorización que hoy día tiene el territorio de Guam, para que Puerto Rico pueda contratar extranjeros que añadan capacidad a nuestra reconstrucción. Los esfuerzos pueden canalizarse de varias formas, de no poder implementar dicha autorización, nos moveremos con flexibilizar el término máximo, normalmente de tres años a una cantidad mayor para atender el aumento de demanda en el área de construcción que tendremos en Puerto Rico por los próximos 5-10 años. Desarrollar requisitos específicos, o flexibilizar los existentes, para asegurar que patronos ubicados en jurisdicciones como Puerto Rico que requiere reconstrucción luego de un desastre, tengan prioridad y flexibilidad para cualificar y ser certificados. Ahora bien, también estaremos identificando enlaces en las agencias concernidas como DHS y DOL, para asegurarnos que las solicitudes de los patronos, que ustedes presenten, sean robustas y tengan mayor oportunidad de ser seleccionados. Esto no solo ayudaría al desarrollo económico de Puerto Rico, sino que sería de gran beneficio para los trabajos de reconstrucción que se realizan hoy.
La agricultura y la pesca son sectores clave que no solo aportan a la economía, sino que también forman parte fundamental de la cultura e identidad de nuestra Isla. Ambos sectores requieren acceso a más recursos, incentivos y programas federales que respondan a sus necesidades. Además, nuestros agricultores y pescadores han enfrentado múltiples desafíos debido a los desastres naturales y la pandemia que han afectado gravemente a Puerto Rico en los últimos años.
Colaboraré estrechamente con agencias federales, como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura (NIFA), para identificar alternativas y asegurar acceso a programas y recursos federales adicionales. Impulsaré la participación equitativa de Puerto Rico en todos los programas relevantes bajo el USDA y NIFA, al igual que el Programa de Seguros Agrícolas bajo la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA), que ofrece protección frente a riesgos climáticos, enfermedades de cultivos y otras eventualidades, así como los Programas de Investigación Agrícola financiados por el gobierno federal. Trabajaré en conjunto con la NOAA en su Programa de Investigación Pesquera para llevar a cabo estudios científicos que fortalezcan la industria pesquera y apoyen la conservación de especies en peligro de extinción.
Insertar a Puerto Rico en toda legislación, programas federales y estrategias nacionales de desarrollo económico que aborden el tema de la reshoring o nearshoring, que busca atraer manufactura de otras partes del mundo a Estados Unidos. Puerto Rico, como jurisdicción de Estados Unidos, está mejor posicionado para ser receptor de empresas manufactureras que busquen establecer o restablecer sus plantas de manufactura en la Nación.
En apoyo al plan de educación establecido por nuestra próxima Gobernadora, buscaré fondos federales adicionales, alianzas con agencias federales y entidades educativas para fortalecer la educación especial, educación bilingüe y vocacional en nuestras escuelas públicas, y las asignaciones a la Isla bajo asignaciones federales bajo el Titulo III.
El objetivo será garantizar que Puerto Rico tenga acceso a todos los programas federales disponibles, brindando así alivio financiero y fortaleciendo los programas de educación especial, con el apoyo y recursos necesarios para estudiantes con discapacidades. Esto promoverá la equidad e inclusión en el sistema educativo. Impulsaré también la legislación federal para asegurar la financiación total del Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), para que los estudiantes con discapacidades reciban los servicios que necesitan.
Buscaremos maximizar los beneficios recibidos a través de iniciativas y programas como Pell Grant, Federal Work Study Program, los Títulos I y II del Elementary and Secondary Education Act, y los programas TRIO, que están diseñados para identificar y ofrecer servicios a estudiantes de entornos desfavorecidos. Debemos lograr que más personas tengan se beneficien de sus disposiciones. También, promoveremos el financiamiento universitario a través de becas como la National Science and Mathematics Access to Retain Talent (SMART) Grant y la STEM Opportunities Act of 2021, que brindan oportunidades a estudiantes en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Colaboraré con el Departamento de Educación federal para agilizar y mejorar la eficiencia en el proceso de solicitudes del Free Application for Federal Student Aid (FAFSA). Este formulario es esencial para que los estudiantes puedan acceder a préstamos y subvenciones federales, al programa de estudio y trabajo, y para calificar para becas estatales e institucionales. Acelerando este proceso, se facilitará el acceso a la ayuda financiera necesaria para pagar la universidad.
La educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es crucial en el mundo de hoy. Nuestros estudiantes deben ser educados en estas materias desde etapas tempranas, para que luego puedan cursar estudios superiores en estos campos. Buscaremos adquirir fondos federales adicionales que creen nuevas oportunidades en estas áreas. También, desarrollaremos alianzas con agencias federales como NASA, Departamento de Energía, Departamento de Defensa, entre otras, que permitan internados para estudiantes interesados en estos campos, particularmente a nuestros estudiantes de escuela pública que normalmente ven limitadas sus oportunidades por falta de conocimiento o recursos.
Apoyaré plenamente legislación y buscaré opciones que puedan ser concedidas de manera administrativa que busquen asignar mayores recursos para nuestros estudiantes con discapacidades. La educación debe y tiene que ser igual para todos.
Fiscalizaré al Departamento de Educación federal, para asegurarnos que los temas de Puerto Rico sean atendidos, y que participemos plenamente de programas disponibles para adiestrar y ofrecer apoyo financiero a estos estudiantes con discapacidades y sus familias, como lo son:
Buscaremos subvenciones continuas de fondos federales a través de la Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para apoyar los programas Head Start, Early Head Start y Child Care en los distintos municipios, así como el Fondo de Asistencia para la Educación en la Primera Infancia, que forma parte del block grant de fondos CCDBG (Child Care and Development Block Grant). Además, buscaré aumentar las ayudas para familias de bajos ingresos mediante el Child Care and Development Fund, que ofrece subsidios para el cuidado infantil.
El Departamento de Educación ha recibido miles de millones de dólares para mejorar la infraestructura de nuestras escuelas. Al igual que con los fondos de reconstrucción y los de energía, nos comprometemos a supervisar el uso eficiente y ágil de los fondos asignados. Colaboraremos con el Departamento de Educación para identificar las barreras que retrasan el proceso y organizaremos reuniones para eliminar la burocracia existente a nivel federal.
Es fundamental contar con escuelas en condiciones óptimas y de calidad para todos nuestros estudiantes. Apoyaremos programas e iniciativas adicionales que se centren en la modernización de las escuelas, la adquisición de tecnología educativa y la renovación de instalaciones, con el objetivo de crear ambientes de aprendizaje seguros y adecuados. También promoveremos la financiación federal para construir más escuelas vocacionales y fortalecer los programas de educación técnica, ampliando el número de instituciones que ofrezcan formación en oficios como plomería, electricidad, hojalatería y ebanistería en toda la Isla. Esto se logrará a través de los fondos de la subvención Perkins para Educación Técnica y Vocacional, facilitando así la capacitación y el éxito profesional de los estudiantes en el mercado laboral.
Respaldaremos los esfuerzos para transformar a la Universidad de Puerto Rico y convertirla en el principal centro de investigación y tecnología del Caribe, mediante la obtención de fondos federales que impulsen la creación de industrias en sectores como la informática, robótica, microelectrónica y comunicaciones. De igual forma, buscaremos ser parte del Congressional Hispanic Serving Institutions Caucus y aprovechar esa plataforma para fortalecer el programa a nivel nacional, asegurando que las instituciones en Puerto Rico reciban el apoyo necesario y tengan acceso a las subvenciones y ayudas disponibles.
Estableceremos alianzas con agencias federales que permitan que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico puedan realizar internados en sus oficinas para adoptar mejores prácticas en sus áreas de interés y luego aplicarlas en Puerto Rico.
Desde antes de ser juramentados en el cargo, y tan pronto resultemos electo, estaré incluyéndome en los esfuerzos que realiza la industria de salud en beneficios de Puerto Rico, de manera tal que podamos continuar disfrutando de los fondos adicionales que ha conseguido nuestra Comisionada Residente. La disparidad entre el trato que recibe Puerto Rico y los beneficios que reciben los estados en materia de salud, es una de las mayores razones por las cuales nuestros hermanos puertorriqueños han decidido mudarse a alguno de los 50 estados. Puerto Rico se enfrenta a desigualdades significativas en el acceso a beneficios federales como Medicare, Medicaid. En Medicare Advantage, la Isla recibe un 40% menos de financiamiento que los estados, lo que limita gravemente el acceso a servicios de salud de calidad. Lucharemos para que Puerto Rico sea incluido en beneficios mandatorios que hoy día no son cubiertos como Long Term Care, DME, Nursing Facility Services, Home Health Services, Non-Emergency Transportation to medical care, entre otros.
Buscaremos reducir, hasta eliminar, las brechas y disparidades entre Medicaid y Medicare Advantage, como por ejemplo el Programa de Ahorros de Medicare (MSP), que no ha sido implementado en Puerto Rico, obliga a los beneficiarios de bajos ingresos a cubrir primas costosas de Medicare Parte B, exacerbando la desigualdad económica. Apoyaremos legislación para que el MSP sea aplicable a los beneficiarios duales en Puerto Rico y para que nos aplique el Low Income Subsidy (LSI) de la Parte D.
Estaremos realizando esfuerzos para asegurarnos que en todo proyecto que sea presentado en el Congreso, se incluya lenguaje para que sus beneficios se extiendan a Puerto Rico.
Puerto Rico ha sido incluido en la asignación de 200 nuevas plazas de residencia médica financiadas por Medicare, como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la fuerza laboral médica en comunidades desatendidas. Estas plazas, prioritariamente asignadas a atención primaria y salud mental, son claves para mejorar la infraestructura sanitaria de la Isla. Apoyaremos futuras legislaciones que expandan estos programas de residencia para combatir la escasez de médicos, especialmente en áreas rurales.
Además, promoverá legislación federal y medidas administrativas que generen las condiciones necesarias para que nuestros profesionales y estudiantes puedan permanecer en Puerto Rico, sin verse obligados a emigrar en busca de mejores beneficios y condiciones laborales. Por ejemplo, el programa National Health Service Corps, bajo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), ofrece reembolsos de préstamos y becas para atraer trabajadores de la salud a Puerto Rico. Este tipo de incentivos asegura la retención de profesionales, especialmente en atención primaria y salud mental.
Trabajaremos de la mano con la industria hospitalaria para maximizar el uso y participación en incentivos financieros a través del programa Promoting Interoperability, que financia el uso significativo de registros electrónicos de salud (EHR). Este tipo de apoyo moderniza la infraestructura sanitaria y mejora la calidad de atención.
La telemedicina ha demostrado ser una herramienta crucial para brindar atención en áreas rurales y desatendidas en Puerto Rico. Expandir estos servicios mediante acciones legislativas, como permitir que los proveedores de atención médica practiquen a través de líneas estatales, mejoraría el acceso a la atención médica, especialmente en las zonas de difícil acceso. Identificaremos alianzas con entidades dentro y fuera de Puerto Rico, y agencias federales, para maximizar el uso de la telemedicina.
A través de la organización de sesiones informativas y la promoción de objetivos legislativos comunes, buscaremos aumentar la conciencia sobre los desafíos de salud mental, combatir el estigma asociado a estos padecimientos, y mejorar el acceso a servicios de salud mental. Además, abogaré por iniciativas que mejoren la productividad laboral y aseguraré que los veteranos reciban servicios de salud mental integrales al regresar a casa. Identificaremos programas y/o fondos para fomentar la integración de servicios de salud física y mentales y para acelerar las respuestas a emergencias y crisis de salud física y mental.
Trabajaremos para lograr maximizar el acceso de Puerto Rico a programas como los siguientes:
Es fundamental abogar por cambios permanentes que eliminen el límite de fondos (cap) para Medicaid en Puerto Rico. Actualmente, la Isla enfrenta restricciones financieras que no se aplican a los estados. La defensa de un financiamiento equitativo garantizará que los proveedores de salud sean reembolsados adecuadamente, asegurando la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Trabajaremos para aumentar fondos Medicare Extra-Help (medicinas) y lograr que la Parte B sea automática para los beneficiarios inscritos en Puerto Rico. La Parte B cubre servicios médicos ambulatorios, ambulancias, equipos médicos, salud mental, algunos medicamentos, investigación clínica, entre otros.
Por otra parte, fomentaremos que Puerto Rico participe de programas de identificación e intervención temprana de las condiciones de salud más prevalentes. Estos fondos nos permitirán fortalecer la fase preventiva. Además, de identificar fondos federales para fortalecer y expandir las redes de proveedores hasta lograr una adecuación similar a la de los Estados y enforzar estos estándares. Al no haber una red adecuada de proveedores se crea un embudo que entorpece el acceso a servicios de salud cercanos, rápidos y de alta calidad.
Tan pronto seamos juramentados como Comisionado Residente, comenzaremos los trabajos para volver a obtener los fondos para el Plan Vital, cuya asignación actual vence en el 2027. No descansaremos hasta conseguir la igualdad de fondos de Medicaid, igual que un Estado y obtener el máximo de reembolso permitido por ley. De esta manera, el Gobierno de Puerto Rico no tendría que sufragar una diferencia tal alta que deja descubierta Medicaid. En estados con niveles de pobreza altos, reciben un reembolso mayor al que actualmente recibe Puerto Rico. También trabajaremos por igualar el gasto/beneficio que recibe Puerto Rico en comparación con los estados ($2,200 vs $9,500 respectivamente). En el caso de territorios, como las Islas Vírgenes (USVI) reciben tres veces la cantidad de fondos por beneficiario que Puerto Rico. También hemos identificado una oportunidad en como Puerto Rico determina los niveles de pobreza que es distinto a los estados.
En cuanto a nuestros niños que reciben beneficios del Programa CHIP, que es de gran ayuda para las familias que no cualifican para Medicaid y que sus hijos pueden recibir el beneficio a pesar de eso, hemos identificado que hay trato desigual en la cantidad de fondos otorgados y en la manera de computar los niveles de pobreza. Por lo tanto, estaremos trabajando para buscar la igualdad en estos fondos. También buscaremos participar del School Medicaid Expansion, lo que permitiría recibir millones de dólares en servicios de psicología escolar, terapia del habla, terapia ocupacional, programa de enfermería, entre otros.
En cuanto a los hospitales y centros de salud primaria, buscaremos fortalecer el Programa 340B (Public Healh Service Act) en la cual farmacéuticas que participan en Medicaid les venden medicamentos a centros de salud a descuento; y el PPS (Prospective Payment System) que son fondos que cubren el déficit de pago entre lo que reciben de Medicare y Medicaid y el costo real del tratamiento. (Hospitales, Servicios al hogar, Hospicios, Hospitales psiquiátricos, Long-term care).
Muchos adultos mayores de bajos ingresos en Puerto Rico no están inscritos automáticamente en el programa de Ayuda Extra de Medicare, el cual cubre los costos de medicamentos recetados. Esta falta de inscripción automática crea barreras significativas que impiden que muchos beneficiarios potenciales accedan a esta asistencia vital.
Propondré la implementación de cambios en las regulaciones de Medicare para asegurar que todos los adultos mayores elegibles en Puerto Rico sean inscritos automáticamente en el programa de Ayuda Extra. Esta medida eliminará las barreras actuales que impiden que muchos reciban la asistencia necesaria para cubrir los costos de sus medicamentos recetados. Al garantizar la inscripción automática, mejoraremos el acceso a la ayuda que nuestros adultos mayores necesitan para manejar sus necesidades de salud, simplificando el proceso y asegurando que más personas se beneficien del apoyo disponible.
La familia es uno de los pilares fundamentales en la vida de las personas y en la sociedad. Actúa como el primer espacio de socialización, donde se inculcan valores, normas y creencias que guían el comportamiento y las decisiones a lo largo de la vida. La familia ofrece apoyo emocional, seguridad y sentido de pertenencia, proporcionando un entorno en el que se puede desarrollar la identidad y el bienestar personal. En definitiva, la familia no solo es el núcleo básico de afecto y cuidado, sino también un motor de crecimiento y estabilidad tanto a nivel individual como colectivo
Trabajaremos para que Puerto Rico tenga pleno acceso a los recursos y las relaciones necesarias para cumplir con los requisitos y maximizar los beneficios del Family First Prevention Services Act (FFPSA), fortaleciendo el bienestar infantil y familiar en la Isla. Para atenderlo, abogaremos por fuentes complementarias de financiamiento que fortalezcan el ecosistema de protección infantil, bienestar infantil y compromiso familiar en Puerto Rico, garantizando el cumplimiento con los requisitos del FFPSA. Como en todos nuestros otros fondos federales, velaré por una distribución justa de los fondos federales, considerando la demora en la implementación del FFPSA y las barreras específicas relacionadas con la equidad, diversidad e inclusión (DEI) en Puerto Rico. Coordinaremos con mis compañeros congresistas, particularmente con aquellos que promovieron y apoyaron la FFPSA, así como sus enmiendas, para garantizar que Puerto Rico esté representado en las decisiones y mejoras a la ley.
De igual forma, promoveremos políticas que fomenten la utilización de Evidence-Based Practices (EBP) adaptadas a la realidad puertorriqueña, para mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios para familias en la Isla. Trabajaremos con las agencias federales como la Administración de Niños y Familias (ACF) y el Children’s Bureau para asegurar que las particularidades de Puerto Rico sean consideradas en la implementación de políticas y la asignación de recursos a nivel federal. Con estas medidas, buscamos fortalecer el apoyo familiar y la protección infantil en Puerto Rico, garantizando un acceso equitativo a los recursos federales y promoviendo la creación de programas que atiendan las necesidades de nuestras familias y niños.
El acceso a una nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo humano y la calidad de vida. Actualmente, sobre 700,000 familias reciben el beneficio del PAN, el equivalente a sobre 1.2 millones de beneficiarios. De estos, el 58% de son mujeres. La población que recibe el beneficio del PAN abarca todos los sectores vulnerables, desde los menores de edad bajo la tutela de adultos, personas con diversidad funcional, adultos mayores, personas que trabajan con salario mínimo e individuos sin hogar. Cerca de 400,000 son adultos mayores, 78,000 tienen algún tipo de discapacidad, 258,452 son menores de edad y 216,024 son trabajadores. La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) entidad que administra el PAN en el Departamento de la Familia de Puerto Rico, vio un aumento en los participantes para los años fiscales 2020, 2021 y 2022, lo que podemos entender corresponde al impacto que tuvo en nuestros hogares la emergencia ocasionada por los terremotos y el COVID. Este detalle es sumamente importante, ya que, al tener una cantidad limitada de fondos, el PAN no se ajusta automáticamente a aumentos en demanda lo que puede significar menos beneficios para los participantes corrientes y acceso limitado a nuevos participantes.
Cuando comparamos los beneficios que reciben los puertorriqueños en comparación con otras jurisdicciones, que cuentan con SNAP queda claro la desventaja en la que nos encontramos actualmente. Ha sido reconocido que los beneficios del cambio de PAN a SNAP superan por mucho el costo de la transición.
Entre los aspectos positivos para apoyar esta transición se encuentran: (1) el financiamiento para asistencia nutricional aumentaría significativamente bajo SNAP, de aproximadamente $2,600 millones en el AF2023 a $4,500 millones en el AF2031; (2) el número de beneficiarios aumentaría entre un 9 y un 12% (dependiendo de las normas que se adopten); (3) la cantidad máxima de beneficios aumentaría, pudiendo llegar a ser en algunos casos el doble de la cantidad actualmente disponible en el marco del PAN; y (4) el aumento del gasto en nutrición tendría un efecto multiplicador de ingresos positivo en la economía local, tanto en el sector de la venta de alimentos como en el sector agrícola local, así como un impacto positivo en el empleo general.
Es por esta razón que lucharemos incansablemente hasta lograr la transición del PAN a SNAP. Los pasados comisionados residentes han venido trabajando con el Gobierno Federal para lograr la transición, hasta que en el presente hay una posibilidad real de conseguirlo. La Red 435 se convertirá en mecanismo para ejercer presión en Congresistas buscando que apoyen esta transición.
Como Comisionado Residente, nos enfocaremos en defender, luchar y lograr hacer más con los fondos federales que se reciben en la Isla. Buscaremos atender la disparidad en los servicios y beneficios de salud para nuestros adultos mayores, atenderemos la reapertura de oficinas de servicios cerca de nuestra gente, abogaremos para que no se reduzca el beneficio del seguro social a nuestros maestros y policías retirados, buscaremos nuevas herramientas de ayuda y asistencia a nuestros veteranos en la Isla. Asistiremos en nuevas plataformas que permitan visibilidad y acceso a oportunidades federales para organizaciones de base de fe y sin fines de lucro que asisten a nuestros adultos mayores y poblaciones más vulnerables.
Nuestra lucha por los derechos y bienestar de los adultos mayores la llevamos realizando desde ya, hemos cursado comunicaciones a FEMA, HHS y la Administración del Seguro Social, exigiendo respuestas sobre los procesos que se llevan en Puerto Rico para atender la crisis de salud, atender las necesidades de cuidado adecuado para nuestros adultos mayores y ayudar a los cuidadores que atienden a sus viejos. Tenemos una agenda clara para atender a este sector que solo cuentan con un ingreso que, en muchas ocasiones, no da para cubrir sus necesidades básicas y medicamentos. Promoveremos medidas dirigidas y buscaremos fondos federales para atender a nuestros veteranos, pensionados, adultos mayores y sus cuidadores tales como:
Además, buscaremos que el Gobierno Federal, particularmente el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) expanda administrativamente el alcance de la Ley de Estadounidenses Mayores (OAA), la cual garantiza servicios esenciales como asistencia en salud, nutrición y apoyo a cuidadores y la Ley de Protección contra el Abuso a los Ancianos de 2021, la cual busca fortalecer los programas de justicia para los mayores, abordando el abuso y la explotación financiera, para incluir una mayor cobertura en Puerto Rico. Además, por el alto porciento de adultos mayores que tenemos en Puerto Rico, y nuestra situación económica, buscaremos que el Departamento de Trabajo Federal de prioridad a Puerto Rico en el Programa de Empleo Comunitario para Mayores (SCSEP), el cual ofrece oportunidades laborales a tiempo parcial para adultos mayores de bajos ingresos.
Debemos asegurarnos que nuestros adultos mayores tengan un envejecimiento activo y saludable, garantizando que los adultos mayores participen activamente en la sociedad y la economía de Puerto Rico, que puedan moverse de manera segura y accesible en sus comunidades.
Por su parte, la literacidad digital puede y debe desarrollarse en adultos mayores, ya que les proporciona herramientas para mantenerse conectados, participar activamente en la sociedad digital y acceder a una gran variedad de servicios que mejoran su calidad de vida. Implementar programas de formación digital para personas mayores puede ser altamente beneficioso, ayudándolos a superar barreras tecnológicas y mejorar su bienestar. Algunas estrategias efectivas para desarrollar la literacidad digital en adultos mayores incluyen: clases adaptadas, enseñarles habilidades útiles para su vida diaria, asistencia técnica y apoyo continuo, uso de dispositivos sencillos, empoderamiento, seguridad, confianza. Estos programas pueden tener un impacto significativo en su vida, mejorando no solo su acceso a información y servicios, sino también reduciendo el aislamiento social y potenciando su autonomía.
Los ciudadanos de Puerto Rico, incluidos nuestros adultos mayores, veteranos y trabajadores, merecen el mismo acceso a los beneficios del Seguro Social que los residentes de los 50 estados. Como comisionado residente, defenderé cambios legislativos para garantizar que los puertorriqueños reciban un trato equitativo bajo los programas federales, como el Seguro Social, Medicare, y la condonación de deudas estudiantiles.
Actualmente hay solo una Casa del Veterano en el pueblo de Juana Díaz. Los veteranos que residen en las áreas metropolitana, norte, y este de la Isla no hacen uso de esta facilidad aún cuando la misma cuenta con espacios disponibles. La Casa del Veterano es un tipo de Nursing Home. La misma cuenta con 120 camas domiciliarias y 120 camas de cuidado de enfermaría (encamados). La mayor necesidad actual es el área de enfermería que se mantiene totalmente llena.
Basado en la población de veteranos, Puerto Rico está autorizado por el Departamento de Asuntos del Veterano hasta un máximo de 288 camas. El propietario de esta facilidad es el gobierno de Puerto Rico bajo la supervisión de la Oficina del Procurador del Veterano. La misma es administrada por una entidad sin fines de lucro. La aprobación para la construcción de una nueva facilitad puede tomar hasta 15 años desde el momento en que se hace la solicitud inicial hasta su inauguración. El Hospital de Veteranos de San Juan cuenta con un área limitada de nursing home mayormente usada para cuidado de hospicio.
Como comisionado residente abogaré por fondos para fortalecer la disponibilidad de una segunda Casa del Veterano preferiblemente ubicada en el área metropolitana para facilitar el acceso a residentes de otras regiones de la Isla.
Actualmente, los veteranos retirados del servicio militar de las fuerzas armadas con 20 años o más de servicio militar solo pueden recibir pago por compensación a su incapacidad si dicha incapacidad es calificada a 50 por ciento o más por el Departamento de Asuntos del Veterano (VA). Los veteranos retirados que tienen un porcentaje de incapacidad menor al 50 por ciento según VA son penalizados y no pueden recibir ambos pagos simultáneamente. Esta situación nos parece injusta, toda vez que entendemos que se trata de dos asuntos distintos y completamente separados, desde el punto de vista conceptual. La pensión de retiro militar es un privilegio que se concede al militar por su tiempo en el servicio, mientras que la compensación se relaciona a condiciones médicas desarrolladas por el militar, como resultado de dicho servicio militar y se le conocen como condiciones service connected.
Como comisionado residente, trabajaré para convertirme en una voz de todos los veteranos e influenciar y adelantar los proyectos de ley que benefician a todos los veteranos a nivel nacional. Actualmente, en el Congreso 118 hay varios proyectos de ley apoyan esta propuesta incluyendo el HR 303 Retired Pay Restoration Act. Este proyecto de ley se mantiene pendiente de evaluación desde febrero de 2023. Uniremos esfuerzos con los congresistas que sometieron esta legislación para unirnos como co-sponsor y atender la inequidad y penalidad que se le impone a los veteranos. Esta legislación federal modificaría el estado de derecho actual, contenido en las secciones 5304 y 5305 del 38 United States Code, el cual prohíbe la duplicación de beneficios. Esta legislación sería de beneficio para todos los veteranos jubilados a través de toda la nación.
Los veteranos de Puerto Rico que ya han sido reconocidos como incapacitados por la Administración de Asuntos de Veteranos (VA) no deberían tener que someterse a evaluaciones redundantes para recibir los beneficios del Seguro Social por Discapacidad (SSDI). El proceso actual genera retrasos innecesarios para quienes ya han demostrado su discapacidad.
Lideraré la simplificación del Proceso de Solicitud de SSDI para Veteranos, introduciré legislación o cambios administrativos para que se otorguen automáticamente los beneficios de SSDI a los veteranos que han sido declarados 100% incapacitados por la VA. Esto reduciría la carga burocrática y permitiría que los veteranos reciban los beneficios a los que tienen derecho más rápidamente.
Aunque Puerto Rico no está incluido en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), nuestra próxima gobernadora Jenniffer González radicó legislación H.R. 256, Ley que busca aumentar los beneficios para los trabajadores con bajos ingresos y extender la elegibilidad del SSI a los residentes de Puerto Rico. Esta legislación es clave para mejorar la seguridad financiera de los adultos mayores en la Isla y como comisionado residente daré continuidad a este esfuerzo presentando legislación similar en el nuevo Congreso.
Lucharemos incansablemente hasta lograr que el SSI sea aplicable a Puerto Rico. Este dinero adicional podría cambiarle la vida a nuestra población más vulnerable. Obtener el SSI para Puerto Rico redundaría en apoyo financiero directo a personas de bajos ingresos que tienen discapacidades, son ciegas o son mayores de 65 años; reduciendo los niveles de pobreza y permitiendo mayor acceso a beneficios de salud y una mejor calidad de vida.
Los residentes de Puerto Rico enfrentan dificultades significativas en los programas de beneficios federales, especialmente en lo que respecta al Seguro Social. Muchos empleados públicos, incluidos maestros y policías, experimentan una reducción en sus beneficios del Seguro Social debido a la Provisión de Eliminación de Exceso (WEP) y la Compensación de Pensiones del Gobierno (GPO). Estas disposiciones impactan desproporcionadamente a los empleados públicos que perciben pensiones gubernamentales, reduciendo sus beneficios de manera injusta.
Apoyo a la Ley de Equidad del Seguro Social (H.R. 82, 118º Congreso). Bajo el nuevo Congreso, fomentaré que se vuelva a presentar ante la consideración la Ley de Equidad del Seguro Social (H.R. 82), que busca derogar las disposiciones del WEP y el GPO. Estas reformas son cruciales para eliminar las reducciones en los beneficios del Seguro Social que actualmente afectan a muchos trabajadores de Puerto Rico, particularmente a aquellos en el sector público. La derogación de estas disposiciones garantizará que los jubilados reciban los beneficios completos que merecen por sus años de servicio. La legislación cuenta con apoyo bipartidista y está a la espera de avanzar en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.
Apoyar esta ley no solo ayudará a rectificar las injusticias que enfrentan nuestros empleados públicos jubilados, sino que también contribuirá a una mayor equidad en el acceso a los beneficios federales para los residentes de Puerto Rico.
Muchos adultos mayores en Puerto Rico están enfrentando dificultades financieras debido al embargo de parte de sus beneficios del Seguro Social para el pago de deudas de préstamos estudiantiles. Esta situación agrava aún más su ya precaria situación económica.
Propondré cambios administrativos en la Administración del Seguro Social (SSA) para excluir a los beneficiarios del Seguro Social del embargo bajo el Programa de Compensación del Tesoro (TOP) relacionado con deudas de préstamos estudiantiles. Esta medida está diseñada para proteger los ingresos de los jubilados de Puerto Rico, garantizando que no se les reduzcan sus beneficios debido a deudas contraídas en el pasado. La implementación de esta medida asegurará que ningún jubilado con ingresos fijos vea disminuidos sus beneficios del Seguro Social a causa de deudas estudiantiles, aliviando así la carga financiera sobre nuestros mayores y mejorando su calidad de vida.
La seguridad es un aspecto fundamental que abarca diversas áreas, desde la seguridad nacional y pública hasta la seguridad cibernética y comunitaria. Reconocemos la importancia de abordar estos temas de manera integral y con un enfoque prioritario, especialmente en áreas críticas como la violencia de género. En nuestra gestión, nos comprometemos a identificar y asegurar fondos necesarios para implementar soluciones efectivas y sostenibles. A continuación, presentamos nuestras principales iniciativas para fortalecer la seguridad en Puerto Rico:
Nos comprometemos a colaborar activamente con agencias federales de seguridad pública en Puerto Rico, incluyendo la Guardia Costera, la Administración de Control de Drogas (DEA), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Negociado Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Justicia federal (DOJ). Esta colaboración fortalecerá nuestras capacidades en la protección y seguridad en la isla.
Mejoraremos las medidas de seguridad en nuestras costas, puertos y aeropuertos, y fortaleceremos la cooperación interagencial entre los entes de seguridad municipales, estatales y federales en la lucha contra el narcotráfico. Trabajaremos de manera bipartidista en el Congreso para reforzar el programa High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA), una iniciativa federal clave que ha sido fundamental en la desarticulación de organizaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Trabajaré en estrecha colaboración con agencias municipales, estatales y federales en Puerto Rico para optimizar los recursos destinados a combatir la violencia de género. Esto incluye incrementar la inversión en programas de capacitación para profesionales en intervención y prevención, albergues, destinar recursos a las sobrevivientes y sus hijos, a programas educativos sobre violencia doméstica, y establecer métricas claras para evaluar el impacto de las intervenciones y programas financiados por la Ley VAWA (Violence Against Women Act).
Maximizaré la utilización de programas federales como el Programa de Asistencia para el Desarrollo de la Policía (COPS), el Byrne Justice Assistance Grant Program, el Project Safe Neighborhood Program, el Body Worn Camera Program, el Bulletproof Vest Partnership Program, el State Homeland Security Grant Program, Operation Stonegarden y el Port Security Grant Program. Esto asegurará que las agencias de seguridad pública en Puerto Rico reciban el apoyo necesario.
THE EARNED INCOME TAX CREDIT EQUITY FOR PUERTO RICO ACT (HR 257, Congress 118) La Ley De Equidad Del Crédito Contributivo por ingreso del trabajo para Puerto Rico
PUERTO RICO AIR CARGO INDUSTRY EMPOWERMENT ACT (HR 375, Congress 118) Ley de Empoderamiento de la Industria de Carga Aérea de Puerto Rico
TO DESIGNATE ALL OF PUERTO RICO AS AN OPPORTUNITY ZONES (HR 378, Congress 118) Designar a todo Puerto Rico como zona de oportunidad
THE PUERTO RICO FILM, TELEVISION, AND THEATRE PRODUCTION ACT (HR 376, Congress 118) La Ley de Producción de Cine, Televisión y Teatro de Puerto Rico
MEDICAL MANUFACTURING, ECONOMIC DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY (MMEDS) ACT (HR 447 / S.33) Ley de Fabricación Médica, Desarrollo Económico Y Sostenibilidad (MMMED)
THE REAL ESTATE EXCHANGE FAIRNESS ACT (HR 462, Congress 118) La Ley de Equidad en la Bolsa de Bienes Raíces
AMENDMENT TO THE INTERNAL REVENUE CODE OF 1986 TO REPEAL THE LIMITATION ON THE COVER OVER OF DISTILLED SPIRITS TAXES TO PUERTO RICO AND THE VIRGIN ISLANDS (HR 3146) Enmienda al Código de Rentas Internas de 1986 para derogar la limitación de los impuestos sobre los licores destilados a Puerto Rico y las Islas Vírgenes
HELP SMALL BUSINESSES IN THE TERRITORIES TO COMPLY WITH THE AMERICAN WITH DISABILITIES ACT (HR 4026 Congress 118) Ayudar a las pequeñas empresas en los territorios a cumplir con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
PUERTO RICO NATIONAL SCENIC TRAIL STUDY ACT (HR 4218, Congress 118) Ley de Estudio del Sendero Escénico Nacional De Puerto Rico
TO GRANT PUERTO RICO EQUAL ELIGIBILITY TO ISSUE COMMERCIAL DRIVER’S LICENSES (HR 919, Congress 118) Para otorgar a Puerto Rico la misma elegibilidad para emitir licencias de conducir comerciales
CACAO TREE HEALTH INITIATIVE ACT OF 2023 (HR 1454) Ley de la iniciativa de salud del árbol de Cacao de 2023
PLANTAIN AND BANANA PLANT HEALTH INITIATIVE ACT (HR 1455, Congress 118) Ley de iniciativa de sanidad del plátano y el banano (guineo)
MANGO PLANT HEALTH INITIATIVE ACT (HR 3856, Congress 118) Ley para la iniciativa de la sanidad de la planta de mango
TERRITORY HEALTH REVITALIZATION ACT (HR 1675, Congress 118) Ley de Revitalización de la Salud del territorio
THE FAIRNESS IN MEDICARE SAVINGS PROGRAM ACT (HR 4410, Congress 118) Ley de equidad en el programa de ahorros de Medicare
THE MEDICARE ADVANTAGE INTEGRITY ACT (HR 4410, Congress 118) Ley de Integridad de Medicare Advantage
VIEQUES RECOVERY AND DEVELOPMENT ACT (HR 379, Congress 118) Ley de recuperación y Desarrollo de Vieques.
TRICARE EQUALITY ACT (HR 254, Congress 118) Ley de Igualdad de TRICARE
VETERANS HEALING VETERANS ACT (HR 602, Congress 118) Ley de curación de veteranos
MILITARY SEXUAL TRAUMA RETIREMENT EQUITY ACT (HR 1082, Congress 118) Ley de Equidad en la Jubilación por Trauma Sexual Militar
VETERANS SERVING VETERANS ACT (HR 1182, Congress 118) Ley de veteranos al servicio de los veteranos
MARITIME BORDER SECURITY TECHNOLOGY IMPROVEMENT ACT (HR 5839, Congress 118) Ley de Mejora de la Tecnología de Seguridad Fronteriza Marítima
CARIBBEAN BORDER COUNTERNARCOTICS STRATEGY ACT (HR 920, Congress 118) Ley de Estrategia Antinarcóticos en la Frontera Caribe
PUERTO RICO DATA COLLECTION EQUALITY ACT (HR 258, del Congreso 118) Ley de Igualdad en la Recopilación de Datos de Puerto Rico
EMPOWERING NONPROFITS ACT (HR 787, Congress 118) Ley de empoderamiento de las organizaciones sin fines de lucro
PUERTO RICO NUTRITION ASSISTANCE FAIRNESS ACT (HR 253, Congress 118) Ley de equidad en la asistencia nutricional de puerto rico
Support Puerto Rico’s transition from NAP to SNAP
THE SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME EQUALITY ACT (SSI) (HR 256, Congress 118) Ley de igualdad de seguridad de ingreso suplementario
FORT SAN GERONIMO PRESERVATION ACT (HR 359, Congress 118) Ley de preservación del Fuerte San Gerónimo